el pasado

 

La lucha histórica de los países productores contra las concesionarias

 

El petróleo es uno de los bienes más estratégicos de la sociedad moderna. Ha representado un recurso energético importante para el desarrollo de la economía mundial. Todos los países requieren de lo que se conoce como el “oro negro” para poder transportar sus bienes materiales y animales, así como a sus habitantes en el interior o hacia afuera de su territorio. También es utilizado para generar electricidad y para la producción de miles de productos manufacturados, obtenidos gracias a la petroquímica.

Los países sin reservas petroleras o aquellos cuya producción petrolera no les alcanza para satisfacer sus necesidades internas, tienen que diseñar políticas geoestratégicas que les garantice el suministro permanente para poder impulsar sus sectores productivos. En la actualidad, tanto los distintos gobiernos como las compañías transnacionales están conscientes de lo indispensable que es este recurso natural no renovable, y sus estrategias geopolíticas giran en torno a los países productores con excedentes para la exportación.

A inicios del siglo XX los principales focos de producción petrolera del mundo eran los siguientes: Estados Unidos, México, Medio Oriente, Venezuela e Indonesia. El petróleo de Venezuela, Medio Oriente e Indonesia era explotado mayoritariamente por dos compañías europeas: la British Petroleum y la Royal Dutch Shell. Estas dos compañías junto a las estadounidenses Standard Oil de Nueva Jersey (Esso), la Standard Oil de Nueva York (Socony-Mobil) y la Standard Oil de California (Socal-Chevron), la Texaco y la Gulf Oil conformaron el Cártel Internacional del Petróleo en 1928, conocido popularmente como las Siete Hermanas.

Estas siete compañías establecieron un acuerdo que les garantizaba el reparto de la industria y la comercialización mundial del petróleo. Este acuerdo de intereses incluía el respeto por los mercados mutuos, una política secreta de precios, denominada Gulf Plus[10] y la solidaridad frente a exigencias o nacionalizaciones, reaccionando inmediatamente conforme a las circunstancias y en función de sus intereses financiando boicots[11] e incluso con la injerencia política[12].

El cártel internacional hasta 1949 llegó a controlar gran parte del mercado petrolero mundial, el 92% de las reservas petroleras mundiales entonces estimadas, el 88% de la producción mundial, el 77% de la capacidad de refinación, 2/3 de las flotas de buques petroleros y la totalidad de los oleoductos (Martínez y Vidal, 2001:165)[13].

Fue una lucha ardua que se libró entre los países productores de petróleo y el Cártel internacional por el aprovechamiento de los beneficios que se generan de la explotación y comercialización del petróleo y por la retribución por concepto de regalías e impuestos sobre la renta que debían pagar las compañías a los estados-nación por llevarla a cabo. En esos tiempos, la violencia, el pacto a oscuras y las negociaciones leoninas eran los elementos que marcaban la agenda entre esos dos actores del sistema petrolero internacional.

 

La lucha venezolana por el control de su industria petrolera

 

Desde el principio del siglo XX las grandes potencias y sus compañías transnacionales al enterarse de las potencialidades energéticas de Venezuela, sobre todo en materia de hidrocarburos, comenzaron a incursionar y explotarlos, aprovechando las debilidades de la economía y los niveles de atraso educativo y tecnológico. Esto les permitió a los extranjeros apropiarse y controlar gran parte de las actividades que se desarrollan en la industria petrolera nacional hasta finales del año 2001.

Fue una ardua lucha que libraron Venezuela y las compañías petroleras por el aprovechamiento de los beneficios que genera la explotación y comercialización del “oro negro”; donde la violencia, el pacto y las negociaciones fueron elementos que marcaron la agenda del último actor. De hecho, Venezuela al no contar con los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para encargarse de las distintas actividades de la industria petrolera, se hizo cada vez más dependiente de los grandes consorcios transnacionales para su funcionamiento. Para España y Manzano (2003: 23)[14],

 

El interés progresivo del país por extraer mayor beneficio de la actividad petrolera choca con los intereses de las compañías de mantener niveles de renta bajos y estables, de manera que las leyes de hidrocarburos representan en este período (inicios del siglo XX) una suerte de acuerdo entre las partes, significando cada nueva ley el ajuste a un nuevo equilibrio entre los intereses opuestos de cada uno.

 

En este sentido, fue a partir de la promulgación de la Ley de Minas del 27 de junio de 1918, que la lucha entre el Estado y las compañías por el control de la industria petrolera nacional se centró en la metodología de reparto y el monto de la regalía y el impuesto sobre la renta a pagar por las últimas. En esta Ley se dejó establecido que el otorgamiento de una concesión no confiere la propiedad de los depósitos que se descubrieran, sino solamente el derecho de explotar las sustancias. También se establece que la duración de los títulos será por treinta años, las rentas superficiales varían de acuerdo con los volúmenes de producción y la regalía se fija entre 8% y 15%, de acuerdo con las distancias entre los depósitos petrolíferos y los terminales. Las áreas que no se encuentren bajo desarrollo deben regresarse al ejecutivo antes de los tres años.

Posteriormente, fueron muchas las leyes que se corrigieron y se redactaron en Venezuela, donde la obtención de mayores ganancias por parte de las transnacionales contra un mayor ingreso en forma de rentas e impuestos por parte del Estado, marcó la pauta de las discusiones hasta 1976. En términos concretos, durante más de 70 años los enfrentamientos, las acusaciones y la violencia mostraron poco a poco, las señales de una lucha histórica que cuerpo a cuerpo vivieron los venezolanos en los intentos por el control de su industria petrolera.

Veamos algunos acontecimientos importantes que ocurrieron a lo largo del período pre y postnacionalización petrolera, tomando en consideración, entre varias referencias, la compilación de Martínez (2000)[15] denominada “Cronología del petróleo venezolana hasta 1999”, la cual consideramos una de las cronologías más completas que se haya realizado sobre los acontecimientos de la industria petrolera venezolana.

El 2 de junio de 1921, el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela promulga una segunda Ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. El presidente Gómez, cediendo a las presiones, permite que representantes de las compañías petroleras ayuden en la redacción de la Ley. Se elimina la concesión de permisos de exploración a los dueños de las tierras. Se cuadruplica el área permitida para lotes de explotación, pero las regalías se mantienen en un 15 por 100 pudiendo pagarse en efectivo o especie.

El 9 de junio de 1922 se sanciona una tercera Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. El documento, simple y práctico, intenta resolver las ambigüedades de la Ley de 1921. Se aumenta el tamaño de las parcelas de explotación y se extiende su duración a cuarenta años. Las regalías deben pagarse basándose en el valor de mercado del crudo puesto en los terminales de embarque. Todos los títulos recibidos por compañías americanas se convierten a esta Ley bastante liberal que, con pequeñas modificaciones, regulará las actividades de la industria por más de dos décadas.

En los años 1925, 1928, 1935 y 1936 se promulgaron una cuarta, quinta, sexta y séptima Ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles donde las variaciones no eran significativas.

A partir del año 1926 el petróleo pasa a ser el principal producto de exportación de Venezuela: 3.836.475 toneladas métricas, y la entrada de recursos fiscales reportan por un valor de Bs. 192 millones, sobrepasando los ingresos que tradicionalmente se obtenía de la actividad agrícola, y pasa a ser el motor fundamental de la economía venezolana.

Es importante destacar, que según España (2003)[16], para finales de los treinta la totalidad de las concesiones venezolanas estaban repartidas en manos de tan sólo tres grandes compañías: Creole 50%; Royal Dutch Shell 35% y Mene Grande – Gulf Oil Co. 15 %, lo que evidencia lo monopolizado que se encontraba la actividad petrolera.

El 13 de julio de 1938, después de dos meses de violentos debates, el Congreso Nacional sancionó una nueva Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles, notablemente diferente de las anteriores. Por primera vez se establece que el Estado podrá desarrollar actividades petroleras. Esta Ley impone regalías de hasta el 16 por 100 a las reservas nacionales, un aumento de 400 veces a los impuestos de exploración y un incremento de cuatro veces en el impuesto inicial de explotación. El gas natural debe conservarse y se formula un nuevo método para determinar el valor de mercadeo de los crudos venezolanos. Dos años después se promulga el reglamento de esta nueva Ley y el ministro de Fomento, Manuel Egaña, declara que dicho reglamento se aplicará por igual a todos los concesionarios.

A partir de 1939, las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos, su principal mercado exterior, estarían enmarcadas en el Tratado de Reciprocidad Comercial. En este Tratado, mientras que a Venezuela se le garantiza condiciones para la entrada del petróleo a los Estados Unidos, este último tenía la oportunidad de exportar hacia nuestro país todos los productos que quisiera sin mayores restricciones legales ni comerciales. Este Tratado viene a representar unos de los más leoninos y desventajosos que atentó contra el progreso económico y social de Venezuela en los últimos 100 años, por ser perjudicial a los intereses nacionales y por ser uno de los determinantes de los niveles de dependencia por las importaciones de bienes y servicios. Afectaba directamente al empleo nacional, y por ende, al desarrollo de una industria manufacturera fuerte y sostenible en el tiempo, que como consecuencia dio inicio al proceso acumulativo de la pobreza en Venezuela hasta la actualidad.

En el marco de esta sincronización comercial de la política exterior venezolana con la norteamericana, en 1950, el primero rompe relaciones con la URSS y Checoslovaquia (Rodríguez, s/f)[17]. El Tratado de Reciprocidad Comercial fue prorrogado en 1952 por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y luego fue denunciado en 1972 por el gobierno de Rafael Caldera.

El 17 de julio de 1942, el presidente Isaías Medina Angarita recibe poderes extraordinarios por parte del Congreso Nacional, para asegurar un mejor aprovechamiento de las actividades de la industria petrolera nacional. Un día después el Presidente anuncia que la legislación petrolera se está revisando en función de asegurarle al Estado una mayor y más justa participación en las riquezas del subsuelo. Ese mismo 17 de julio se estableció la primera Ley de Impuesto Sobre la Renta en Venezuela, la cual se haría efectiva a partir del primero de enero de 1943, en la cual las compañías petroleras tendrían que pagar impuesto “cedular”[18] del 2½ % más un impuesto progresivo según el monto de sus beneficios líquidos.

En el año 1943, se promulgó una nueva Ley de Hidrocarburos[19] de corte nacionalista, la cual logró unificar todos los instrumentos legales que existieron en Venezuela desde el Primer Código de Minas en 1854[20]. Entre los aspectos más importantes de esta Ley se consideran el incremento de la participación del Estado en las ganancias a través de los impuestos y la regalía que se ubicó en 16 2/3%; el estímulo a la refinación de petróleo en el país; mayor control técnico de las operaciones por parte del gobierno; posibilidad de otorgamiento de nuevas concesiones. De igual manera, esta ley estableció que las compañías petroleras debían compartir sus ganancias con el Estado venezolano, a través del fifty-fifty, es decir, debían quedarse sólo con 50% y el otro 50% era para el fisco nacional. Esta política fue retomada años después por otros gobernantes.

Todo lo anterior a cambio de asegurar a las compañías petroleras extensión de las concesiones por cuarenta años más, a cuyo término, en 1983, todas las propiedades pasarían a manos del Estado. Este último aspecto es lo que se conoce como reversión petrolera. El 27 de agosto de 1943 se promulga el reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, según el experto petrolero Mendoza (1995), el gobierno de Isaías Medina Angarita institucionalizó definitivamente en 1943, el régimen concesionario al extender las concesiones por cuarenta años más.

Cuando el presidente Medina presentó la Ley de Hidrocarburos de 1943, ya insistía en el hecho de que Venezuela tenía que “dejar de ser un país que vive principalmente del cambio de divisas petroleras por artículos importados”.

El 26 de septiembre de 1945 se cierra el ciclo de otorgamiento de concesiones prometido junto con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943. Para ese entonces se habían entregado 6,5 millones de hectáreas, representando una superficie mayor a la que tenían las compañías antes de la aprobación de la Ley en 1943.

Mediante un movimiento cívico militar fue derrocado el presidente Medina, instalándose en el poder una Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, quién rigió los destinos del país desde el 18 de octubre de 1945, hasta el 15 de febrero de 1948, fecha en la cual asumió la Presidencia de la República el escritor Rómulo Gallegos, electo por voto universal, directo y secreto.

Entre los logros de la Junta Revolucionaria de Gobierno se destacan la reforma petrolera de 1945, que a través de su primer decreto, el Decreto Número 112 del 31 de diciembre de 1945, se modificaban los porcentajes a pagar por concepto de Impuesto Sobre La Renta[21], aplicando el “50-50” contemplado en la Ley de Hidrocarburos de 1943 pero que no se estaba aplicando efectivamente. Por el contrario, existía una disparidad porcentual de 43/57 a favor de las compañías petroleras observada para el año de 1944. Entre los argumentos para aplicar este decreto, los cuales están recogidos entre los considerandos, se destacan la inexistencia en el régimen fiscal venezolano de una Ley sobre exceso de utilidades que le permitiera al Estado percibir la participación equitativa de esas ganancias extraordinarias.

Se reproduce el Artículo 1 del Decreto N° 112, el cual planteaba lo siguiente:

 

Artículo 1º Los contribuyentes cuya renta neta global, calculada de acuerdo con lo que establece la Ley de Impuesto sobre la Renta asciende a más de ochocientos mil bolívares (Bs.800.000) pagarán sobre dichas ganancias del presente año, además de los impuestos previstos en la referida Ley, la siguiente contribución extraordinaria: El 6 por ciento sobre la fracción de renta entre Bs. 800.000 y Bs. 1.000.000. El 10 por ciento sobre la fracción de renta entre Bs. 1.000.000 y Bs. 1.400.000. El 15 por ciento sobre la fracción de renta entre Bs. 1.400.000 y Bs. 2.000.000. El 20 por ciento sobre la fracción de renta desde Bs. 2.000.000 en adelante.

 

De esta forma se lograba una mas adecuada participación del fisco en los beneficios generados por la industria petrolera hasta alcanzar el cincuenta por ciento de los mismos, por lo que se denominó al resultado de esa política, el régimen del 50-50 (fifty-fifty) en materia petrolera. Sin embargo, en el Artículo 2 del Decreto se limitaba su aplicación a tan sólo un año:

 

Artículo 2.  El susodicho impuesto será exigido solamente por el presente año, y afectará la renta neta global sin deducción de lo que al contribuyente corresponda pagar por concepto de los impuestos cedular y complementario normales establecidos en dicha Ley.

 

El sentido de ese decreto quedó aclarado en una nota en el cual se planteaba que el incremento en la participación del valor de producción petrolera fue resultado de una clara y definida política de defensa de esta riqueza natural no renovable, desarrollado en los tres años de gobierno 1945-1948. Asumida la administración en 1945, en diciembre de ese mismo año se decretó un impuesto extraordinario (el Decreto reproducido) que rescató casi Bs. 100 millones del petróleo explotado en ese año. Después, se aplicaron sucesivos ajustes que permitieron alcanzar la participación de 50-50, que con el volumen de producción de esos años, el nivel de empleo y las inversiones de la industria petrolera, se consideraba justo y adecuado para el país, dueño de esta riqueza natural, al mismo tiempo que dejaba para las empresas interesadas un razonable margen de ganancias como incentivo a sus actividades.[22]

El 30 de diciembre de 1947 se modifica la Ley de Impuesto sobre la Renta donde se fija en 26% el nivel máximo del impuesto progresivo. Cabe destacar, que a partir de este año Estados Unidos comienza a ser un país importador de petróleo crudo.

A pesar de que para 1948 las compañías transnacionales controlaban el 80% de las reservas petroleras y el 70% de la producción nacional, estas presionaban para que se les siguieran entregando el resto de las actividades y nuevas concesiones petroleras. Pero el Gobierno nacional, presidido por el escritor Rómulo Gallegos y teniendo como Ministro de Fomento al experto petrolero Juan Pablo Pérez Alfonzo[23], cuyo despacho correspondía entonces todo lo relacionado con minas e hidrocarburos, comienza una lucha por defender la política de no más concesiones, el establecimiento de una compañía estatal y la venta pública y directa del petróleo.

En su corta gestión como ministro, Juan Pablo Pérez Alfonzo estableció las bases de la política denominada “No más concesiones petroleras” y fue autor principal de la reforma legal de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, adoptada el 12 de noviembre de 1948, añadiendo ciertos artículos adicionales entre los cuales destaca el número 31 del capítulo XI, denominado “Del impuesto adicional”, la cual era un reajuste dirigido al sector petróleo que tenía como finalidad, establecer que en ningún caso la industria petrolera podría percibir mayores ganancias que las correspondientes al Estado venezolano, y que la suma de los impuestos de las empresas no podía ser inferior a la mitad de las ganancias de las mismas. En tal sentido, Pérez Alfonso reinstituyó nuevamente el 50-50 contemplado en la Ley de Hidrocarburos de 1943 por el presidente Medina Angarita, que era un impuesto adicional del 50% que debían pagar las compañías petroleras cuando los beneficios netos excedan la participación fiscal.

Después de derrocado Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948, apenas a 12 días de haberse aprobado el 50-50, el gobierno de los Estados Unidos comienza a preocuparse por la seguridad de los campos petroleros y las instalaciones de la industria petrolera nacional, debido a la serie de protestas que realizan los sindicatos de trabajadores petroleros y que puso en “jaque” a la Junta Militar de Gobierno. En retaliación a las amenazas de huelga indefinida, la Junta Militar disolvió a la fuerza la Confederación de Trabajadores de Venezuela y ordenó la realización de nuevas elecciones en los sindicatos, asociaciones y ligas que pertenezcan a ella.

El 50-50 generó un revuelo tal que las transnacionales y los grandes consorcios financieros de los Estados Unidos comenzaban a presionar y a solicitar la eliminación de ese mecanismo impositivo. De hecho, J. E. Pogue, vicepresidente del Chase Manhattan National Bank en un informe publicado en el Boletín de la Asociación Venezolana de Geología, Minería y Petróleo, critica el régimen del 50-50 y sugiere que se elimine. Al mismo tiempo, aprovecha el informe para exhortar al gobierno venezolano acerca del cumplimiento del deseo de las subsidiarias de las compañías petroleras sobre el otorgamiento de nuevas concesiones, rechaza el intento de aumentar el volumen de petróleo crudo que se refina en el país y no aceptar nuevas mejoras sociales o económicas para los trabajadores petroleros.

Ya para 1950 el equilibrio petrolero del mundo comenzaba a cambiar. Las tendencias liberales dentro de los Estados Unidos y Europa comienzan a exigir participación en la industria petrolera. Las tendencias nacionalistas comienzan a ser promovidas en los países petroleros incluso por las grandes potencias en contra del dominio casi absoluto del mercado petrolero internacional que tenían las grandes petroleras.

El doctor Mohamed Mossadeq de Irán fue el segundo gobernante del mundo que se atrevió a hacer frente a las compañías petroleras en 1951 reclamando la nacionalización, y en 1953 se nacionalizó el petróleo. Esta acción nacionalista podría ser considerada uno de los más duros golpes que hayan recibido las petroleras debido al potencial y la importancia que Irán representaba en el mercado petrolero mundial de ese entonces. Pero en agosto del mismo año Mossadeq fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el Sha Reza Palevi, apoyado por los servicios de inteligencia de Gran Bretaña y Estados Unidos, ambos interesados en las reservas petroleras del país.

A partir de aquí comienza una nueva etapa de lucha por la protección, dominio y garantía del suministro petrolero desde los países productores hasta los grandes centros de consumo ubicados en las grandes potencias mundiales, pero se involucran nuevos actores: las grandes potencias como Estado-Nación en contra de la hegemonía de las transnacionales petroleras. Estados Unidos promovió la creación de nuevas compañías independientes que competirán con el Cártel Internacional en todos los procesos de la industria petrolera mundial, aprovechando el aumento de la producción en Medio Oriente, y al mismo tiempo el Departamento de Estado comienza una serie de investigaciones en contra del cártel petrolero internacional que posteriormente llevaría a sanciones legales y económicas (España: 2003)[24].

Un hecho importante que demuestra esta lucha Estado-Nación versus las compañías petroleras ocurre el 30 de junio de 1950, cuando la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela le propone al Departamento de Estado que se debe tratar de convencer al gobierno venezolano que permita la participación del sector privado norteamericano en la industria petrolera, a la vez, critica un presunto intento de Gran Bretaña de buscar favores para Shell a expensas de las concesionarias norteamericana.

En septiembre de 1952, Venezuela y los Estados Unidos firman un nuevo Tratado de Reciprocidad Comercial. Aquí se establece que no habrá más cuotas ni para los crudos de peso específico 900Kg/m3 o mayor, ni para los productos que se exporten a los Estados Unidos, reduciendo de nuevo a la mitad las tarifas de importación para los crudos de peso específico por debajo de 900 Kg./m3. En diciembre de 1952 inversionistas de los Estados Unidos adquieren una de las compañías más vieja de la industria petrolera venezolana, la British Controlled Oilfields.

En el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, en los años 1956 y 1957, se otorgaron nuevas concesiones a las compañías petroleras internacionales[25], de acuerdo con lo establecido en la originaria Ley de Hidrocarburos de 1943. Un total de 821.091 hectáreas para ser exploradas y explotadas fueron otorgadas, resultando las del lago de Maracaibo las más productivas. Todo esto ocurre a pesar de que expertos venezolanos en la materia petrolera, entre ellos Juan Pablo Pérez Alfonzo, advertían las inconveniencias de otorgar nuevas concesiones petroleras.

El 19 de diciembre de 1958, el presidente provisional de Venezuela, Edgar Sanabria establece el Decreto N° 476, el cual introduce nuevos cambios en la Ley de Impuesto sobre la Renta, considerados radicales, que beneficiaban directamente al país, incrementándose el impuesto sobre beneficios netos al 46%, además del impuesto cedular del 1,5%. Estos impuestos sumados a los de la regalías y otros impuestos aumentan la proporción de la participación del Estado en las utilidades de la industria al menos al 66:34.

La reacción de las compañías petroleras no se hizo esperar. La Creole emitió una carta de protesta dirigida al ministro de Energía y Minas exhortando sobre una enmienda de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Por otra parte la Shell comienza una política de reducción de los precios de cotización de sus crudos venezolanos para que los ingresos por conceptos de pago de impuesto fueran menores ante el fisco nacional. Meses después las demás compañías tomaron la misma decisión.

Este tipo de actuaciones, en las que las compañías petroleras coordinan y organizan complots y boicots en contra de decisiones soberanos de los gobiernos petroleros no sólo en Venezuela sino en otros países peroleros, denotan el grado de dominación que tenían en ese contexto dentro del sistema petrolero internacional. Ante estas acciones conspirativas, en abril de 1959, el gobierno de Edgar Sanabria se vio en la obligación de emitir las la Resolución N° 557 del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, donde se estableció la creación de una Comisión Coordinadora para la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, que tenía como objetivo estudiar y hacer recomendaciones al Ejecutivo nacional en materia de comercio petrolero internacional tomando en cuenta la coyuntura de enfrentamientos.

Al mismo tiempo, los Estados Unidos comenzó a aplicar medidas discriminatorias contra Venezuela al no favorecerla en los Programas Obligatorios de Importaciones que estaba llevando a cabo para los países de América Latina. El Gobierno nacional preocupado por la caída de los precios, por medio de los ministros de Minas e Hidrocarburos y el de Política Exterior, le envían una carta al embajador de los Estados Unidos planteando la necesidad de defender los precios de petróleo venezolano en el mercado internacional, tomando en cuenta el programa obligatorio de importaciones que estaba llevando el país del norte.

En el año 1959 se suspendieron nuevamente las entregas de concesiones, pero ya más del 95% de las áreas explotables y por explotar estaban en manos de las transnacionales. Cabe señalar, que para este año Estados Unidos dependía en 69% de las importaciones petroleras para satisfacer su consumo petrolero, siendo Venezuela y Canadá los principales proveedores.

El 19 de abril de 1960 por decreto presidencial se establece la compañía petrolera estatal Corporación Venezolana del Petróleo CVP[26] para desarrollar y administrar todos los procesos de la industria petrolera venezolana, pero que se dedicó principalmente al mercado domestico de productos derivados del petróleo y a la distribución de gas en la zona metropolitana, ocupándose en reducida escala de la exploración y del comercio internacional. La CVP va a significar la primera incursión del Estado venezolano en el negocio petrolero para la cual comienza a recibir a partir de 1961 una serie de activos y hectáreas para la explotación del petróleo y gas.

Debido a la preocupación por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial llevada a cabo por las compañías petroleras y que estaba afectando directamente a los países productores, los ministros de Hidrocarburos de los gobiernos de Irák, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela se reúnen en Bagdad, Irák, el 10 de septiembre de 1960, para discutir y aplicar una política común para detener y estabilizar la estructura mundial de los precios.

Hasta aquí hemos visto como, a partir de 1949, el cártel petrolero internacional comienza a perder fuerza en el mercado petrolero mundial producto del aumento de la producción en Medio Oriente que estimuló la aparición de nuevas compañías independientes que competirían en todos los procesos propios de la industria. Las nacionalizaciones también representaron un duro golpe. Pero la batalla que se da entre los países consumidores contra los productores por menores precios y entre los países productores y las compañías transnacionales petroleras provocaron la caída en los precios del petróleo, obligando a varios productores importantes a conformar, el 14 de septiembre de 1960, una organización de propietarios de petróleo: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)[27], un organismo de consulta regular entre sus miembros con el fin de defender los precios y mayor participación en la renta petrolera por los países productores (España, 2003). El nacimiento de la OPEP va a representar el fin del dominio del cártel de las Siete Hermanas.

Las relaciones entre el gobierno venezolano y compañías se agravan a partir de enero de 1964 cuando el Ministerio de Minas e Hidrocarburos anuncia que no se autorizará a las compañías petroleras privadas a construir nuevas estaciones de servicios en el país.

En el primer discurso oficial de presidente electo Raúl Leoni reafirma el respeto a las concesiones en vigor y anuncia que a partir de allí los Contratos de Servicios serán la base del desarrollo futuro de la industria.

A partir del año 1966 comienza con mucha fuerza el auge nacionalista en todos los espacios de la vida política y común del venezolano. El 25 de mayo de ese año las Cámaras de Diputados y Senado del Congreso Nacional aprueban apoyar la política petrolera nacional, en particular la defensa de los precios en el mercado petrolero, así como los reclamos de pagos atrasados al impuesto sobre la renta. Luego, en el mes de septiembre aprueban una recomendación en la cual piden se aumenten los impuestos a las empresas privadas y que se dé a la CVP la totalidad del mercado doméstico de gasolina.

El 16 de diciembre de 1966 se aprueba una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, eliminándose el impuesto cedular y estableciéndose una rata del 52% sobre los beneficios netos de más de BS. 28 millones. Al mismo tiempo, se introducen los precios de referencia, de acuerdo a fórmulas fijas que permiten un gradual incremento en los ingresos durante los cinco años del acuerdo.

El 7 de agosto de 1967 se sanciona la última reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos de 1943, que se limita, exclusivamente, a modificar el artículo 3° de la ley de 1943, donde por primera vez se deja establecido que el Ministerio de Minas e Hidrocarburos o la CVP podría negociar contratos de servicios, en los términos que resulten más favorables a la nación que las concesiones existentes. Se estableció que la duración de contratos de exploración es de cinco años y la de contratos de desarrollo de veinte años.

Según Vallenilla (1988)[28], la reforma de 1967 introduce profundas modificaciones en nuestro derecho petrolero, específicamente en los siguientes aspectos:

 

a) Incorpora los institutos autónomos y las empresas estatales, en el cuerpo de la Ley, como los organismos a través de los cuales el Estado debe acometer y desarrollar la explotación directa de los hidrocarburos;

b) Establece e instrumenta el régimen legal aplicable a la explotación ejercida por el Estado, diferente al de las concesiones, regulando asimismo las funciones que deben cumplir los institutos autónomos o empresas estatales; esto es, crea los órganos y dicta las normas que éstos deben seguir; c) Conserva, en el texto de la Ley, el sistema de la explotación por medio de los concesionarios.

La Ley anterior (1943) no mencionaba cómo el Ejecutivo nacional debía emprender la explotación directa de los hidrocarburos. En cambio, la reforma comentada, dispone que esa explotación se haga a través de institutos autónomos y empresas propiedad del Estado, los cuales podrán, para la realización de sus fines, promover empresas mixtas y celebrar convenios.

Otro elemento importante es la creación de las llamadas “asignaciones”. Estas son las áreas que sirven de asiento a la exploración y explotación que deben realizar esos institutos autónomos y empresas del Estado.

Además, la posibilidad de crear empresas mixtas y de celebrar convenios es otro aporte del legislador de 1967, porque estas alternativas constituyen, por así decirlo, el aspecto operativo de esos organismos estatales.

 

Podríamos decir que una vez que el régimen de concesiones estaba agotado, el Gobierno nacional comenzó a entregarle, nuevamente, los recursos petroleros a las compañías transnacionales, es decir, a los capitales extranjeros, a cambio del cobro de una renta y unos impuestos, reforzando la característica principal de nuestro país: rentista. La materialización de ese hecho comienza en septiembre de 1967, cuando la CVP anuncia ofertas públicas bajo la figura de contratos de servicios para explotar y desarrollar el área aguas adentro del sur del lago de Maracaibo, Estado Zulia. Habría que preguntarse si es a partir de aquí que comienza nuevamente la entrega, es decir,  la expatriación de los recursos petroleros, y en 1976 como se verá más adelante.

El 11 de marzo de 1969, el presidente Rafael Caldera anuncia que patrocinará un debate nacional sobre la política petrolera. En el mes de abril el ministro de Minas e Hidrocarburos, Hugo Pérez La Salvia, visita Washington para debatir sobre el programa de importaciones petroleras de los Estados Unidos. Luego el 11 de junio, el Congreso Nacional aprueba respaldar todas las medidas del Ejecutivo nacional tendientes a la eliminación de cualquier trato discriminatorio del petróleo venezolano por parte de los Estados Unidos. Y, el 7 de noviembre, concluye en Caracas una nueva reunión a nivel técnico entre Venezuela y los Estados Unidos sobre el programa de importaciones petroleras.

El 1 de octubre de 1970 el presidente Rafael Caldera insiste en que lo importante no es tener una mayor cuota en el programa de importaciones petroleras de los Estados Unidos sino que se pueda obtener una redistribución más justa.

El 11 de noviembre de 1970 los Ministros de Hacienda y Minas e Hidrocarburos declaran ante la Comisión del Senado encargada para esta materia, que el Gobierno viene exigiendo a las petroleras aumentar los precios de los crudos venezolanos debido a la existencia de manipulación para rebajar sus obligaciones fiscales. Una semana después, el ministro de Minas e Hidrocarburos amenaza a las compañías privadas con prohibir las ventas donde no se refleje los aumentos de precio. El 26 de noviembre el Senado acuerda estudiar la posibilidad del modificar el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de autorizar al Ejecutivo nacional a fijar unilateralmente los precios de los crudos y productos derivados venezolanos. El 3 de diciembre las compañías rechazaron públicamente las acusaciones hechas por el ministro.

El 17 de diciembre de 1970 el Congreso Nacional promulga la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde se le otorga al Ejecutivo nacional la facultad para fijar por períodos de hasta tres años los valores de exportación de los crudos y productos venezolanos. El 8 de marzo de 1971 se fijan por primera vez en Venezuela los valores de exportación para fines fiscales de los crudos y productos venezolanos. El valor de exportación de los crudos aumenta en promedio de Bs. 16 por metro cúbico sobre los precios de referencia. Al mismo tiempo, se introduce un complemento variable por concepto de fletes y una prima para los petróleos pesados. El 18 de marzo entran en vigencia los valores de exportación fijados por el Gobierno para fines fiscales de los crudos y productos.

En abril de 1971 el Ministerio de Minas e Hidrocarburos decide cambiarle el nombre de la Faja del Orinoco ubicada en la cuenca de Maturín, estado Monagas, de “Bituminosa” a “Petrolífera”

El 30 de julio de 1971 el presidente Rafael Caldera promulga la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, para asegurar la continuidad y eficiencia de la actividad petrolera una vez que venzan las concesiones vigentes. El 4 de agosto las compañías petroleras Shell, Creole y Mene Grande introducen demanda de nulidad de la Ley de Bienes Afectos a Reversión ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, El Procurador General del República solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare sin lugar las demandas a la ley de “reversión”.

El 26 de agosto de 1971 el Presidente Rafael Caldera promulga la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, en la que se establece que la explotación del gas se realizará sólo por intermedio de la CVP, para la cual se obliga a las concesionarias a entregar a la nación sin costo alguno el gas no utilizado en sus operaciones.

En septiembre de 1971 se inicia en Venezuela la discusión sobre el desmantelamiento y exportación de equipos petroleros. El 17 de diciembre de 1971 se promulga el Decreto N° 832, por medio del cual se establece disposiciones respecto a la exploración de las concesiones vigentes. Por medio de este decreto las compañías operadoras quedaban en la obligación de presentar al Ejecutivo nacional sus programas anuales de inversiones para exploración, producción, refinación y ventas.

El 1 de enero de 1972 el presidente Rafael Caldera denuncia el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos que estaba vigente desde 1952. En este mismo mes, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos adelanta una investigación minuciosa sobre los campos que habían sido cerrados. Igualmente se dicta el Reglamento N° 1 de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesionarias de Hidrocarburos y en marzo se dicta el Reglamento N° 2. El 7 de marzo de este mismo año, el secretario de Estado de los Estados Unidos advierte que Venezuela pronto podría dejar de ser abastecedor seguro del país.

En enero de 1973, comienza la crisis energética en los Estados Unidos. El 5 de Febrero de 1973, los Estados Unidos promueve la formación de la Agencia Internacional de la Energía para contrarrestar a la OPEP.

El 21 de junio de 1973, se promulga la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de los Hidrocarburos, por razones de conveniencia nacional, a la vez que se faculta al Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, a regular y fijar los precios de los productos derivados y los fletes para su transporte.

El 16 de marzo de 1974, el partido político socialista MEP presenta al Congreso un proyecto de ley de “nacionalización” de la industria petrolera. El 22 de ese mes, el presidente Carlos Andrés Pérez crea por el Decreto Nº 10, la comisión para estudiar y analizar las alternativas para adelantar la reversión de las concesiones y los bienes a ellas afectos. Sin embargo, el día 24, el partido político socialcristiano Copei presenta ante el Congreso Nacional un segundo proyecto de ley de “nacionalización”.

El 16 de mayo de 1974, en el acto de juramentación de la Comisión Presidencial de la Reversión, el presidente Carlos Andrés Pérez anuncia la creación de una casa matriz para operar la industria nacionalizada. Anuncia que las concesionarias recibirían compensación basándose en el valor en libros de sus activos no depreciados. El 18 de octubre, la Comisión Presidencial de la Reversión aprueba el proyecto de ley de “nacionalización”, conforme al cual se eliminaba la posibilidad de crear empresas mixtas. Y, el 13 de diciembre del mismo año, termina en Viena, Austria, la XLII Conferencia de la OPEP, presidida por Valentín Hernández Acosta, en la cual, se acuerda establecer un sistema de precios únicos para el petróleo.

El 15 de febrero de 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez anuncia que “ha llegado el momento de la nacionalización del petróleo”. En este momento, comienza un debate nacional que polarizó el país entre los que estaban de acuerdo y los que no. Juan Pablo Pérez Alfonso califica de “chucuta” la nacionalización del hierro y reconoce que respecto a la del petróleo no sabe ni cuándo será. Por su parte, en el mes de abril, el partido MEP denuncia que el Gobierno negociaba en secreto la nacionalización con las empresas petroleras, lo cual es negado por el Despacho de Minas e Hidrocarburos, y el 29 de agosto, el presidente pone el ejecútese a la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Un día después, por Decreto Presidencial Nº 1123, se constituye Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa encargada de la planificación, la coordinación y la supervisión de la industria petrolera nacional. El presidente del Directorio fue Rafael Alfonso Ravard.

Seguidamente, en septiembre se anuncia que las empresas operadoras nacionales sustitutivas de las concesionarias se llamarán Lagoven (Creole), Maraven (Shell), Meneven (Mene Grande), Deltaven (Texaco), Palmaven (Sun), Amoven (Amoco), Boscanven (Chevron), Vistaven (Mito Juan), LLanoven (Mobil), Roqueven (Phillips), Guariven (Las Mercedes), Bariven (Sinclair y Atlantic) y Taloven (Talon).

El 23 de diciembre de 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez ordena que se proceda a la emisión de bonos de la deuda pública hasta por USD 918 millones, destinados a la indemnización de las concesionarias y las participantes. Aquí comienza el proceso histórico de endeudamiento en Venezuela para pagar deudas, hechos que afectaron el desarrollo económico y social del país. Para el 31 de diciembre, quedan canceladas todas las concesiones en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Pero inmediatamente, se comienza a suscribir convenios de asistencia técnica y de compra y venta de petróleo y productos con las antiguas concesionarias y cede beneficios a las filiales que recibían los servicios o cumplían con  las obligaciones mercantiles.

La Ley de Hidrocarburos de 1943 estuvo vigente en Venezuela hasta el primero de enero 1976 cuando entra en vigencia la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, terminando así con la etapa de “las concesiones” dando inicio a otra etapa de lucha por el control de los recursos petroleros nacionales.

A partir de 1976 comienza lo que varios analistas petroleros denominan “La nacionalización” de la industria petrolera como un acto de soberanía e independencia petrolera y lo que otros denominan el proceso de “desnacionalización”, veamoslo.

 

Debate sobre la nacionalización petrolera de 1976

 

Para varios analistas petroleros la “nacionalización” de la industria petrolera ocurrida el 1 de enero de 1976 fue un acto de soberanía e independencia petrolera:

 

La promulgación de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y la consecuente nacionalización de la industria petrolera, constituyó un ejercicio de soberanía y se realizó dentro de una coyuntura económica y política altamente favorable (…) A juicio de distinguidos especialistas, entre ellos los miembros de la Comisión Presidencial de Reversión… la nacionalización de la industria y el comercio de hidrocarburos constituyó un acto de soberanía con amplia justificación en el terreno político, ético y jurídico… (Crazut, 2006: 99)[29].

 

Ciertamente, la llamada “nacionalización”, fue realizada en un contexto de auge sin precedentes en la historia democrática del país, gracias a los cuantiosos ingresos fiscales percibidos a raíz del incremento súbito de las cotizaciones petroleras en el mercado internacional a partir del año 1973. Sin embargo, otros analistas opuestos a la forma como se realizó, a la cual denominan el proceso de “desnacionalización” o el verdadero proceso de “apertura petrolera”, sostienen la siguiente tesis:

 

…con el fin de la era concesionaria (1976) no se pasa a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada: Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez una puesta a tono con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario. (Mendoza, 2006:196)[30]

De tal suerte que, insistimos, la apertura se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, con los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, los cuales constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano (Mendoza, 2006:200)[31].

 

Según Silva (2006:120)[32], surgieron dos posiciones respecto a la necesidad de profundizar o perfeccionar la nacionalización:

 

Una, la de quienes sostenemos que la nacionalización debía primero que todo mirar hacía las necesidades internas de la nación, para satisfacerlas mediante el abastecimiento de hidrocarburos, tanto para el consumo final como para su refinación e industrialización. Fue lo que denominamos la internalización petrolera. Condicionada a ese abastecimiento interno debe quedar la exportación, que, aunque a la larga suponga la reducción de exportación de petróleo crudo, mejoraría la de productos, con las ventajas de mayores ingresos, generación de empleo y reactivación económica general, por la agregación interna de valor.

La otra postura fue la de la internacionalización, con la cual, se dijo, se aspiraba reintegrar verticalmente nuestra industria petrolera, a la cual la Ley de Nacionalización le había cercenado el mercado internacional y además abrir mercados para nuestros crudos pesados.

La internalización no se adoptó como política general,… mientras que la internacionalización se puso en práctica mediante la compra total o parcial de diversas empresas en el exterior, sobre las base semejantes al modelo extractivo-exportador y mecanismos de descuentos sobre precios, cuyos resultados, así como la conveniencia de mantener dichas empresas, mantienen vivas las dudas que desde el comienzo se manifestaron sobre ellas.

 

De acuerdo con lo anterior, la supuesta nacionalización de la industria petrolera resultó ser nuevamente una componenda de sectores políticos y burgueses venezolanos, que emulando las decisiones apátridas del dictador Juan Vicente Gómez respecto al aprovechamiento del negocio por parte de los venezolanos, volviendo a entregárselos a las grandes compañías petroleras transnacionales para el beneficio de sus países de origen.

De esa manera, nuevamente unos ciudadanos venezolanos tomaron decisiones erradas en esa materia, las cuales fueron en detrimento de los intereses nacionales, dándoles un duro golpe al sueño histórico de independencia, soberanía y control sobre los recursos sembrados desde hace miles de años por la naturaleza en el subsuelo venezolano. Valga la siguiente especulación: probablemente, la defensa, explotación, desarrollo autónomo y directo por parte de los nacionales en las diferentes fases que se realizan dentro de la industria petrolera, pudieron haber ayudado a enrumbar al país a la consecución de mejores indicadores de desarrollo económico y social que las que hoy se tienen.

Es importante recordar, que para el momento del ejecútese de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, las concesionarias extranjeras ya habían convenido en aceptar la oferta de indemnización por parte del Estado venezolano, sin embargo, de su propio seno, constituyeron las juntas directivas de las operadoras que los sustituirían, a partir del 1 de enero de 1976, en la gestión de la industria. Los que integraron estas juntas directivas fueron venezolanos que por sus méritos gerenciales y compenetración con los intereses de las compañías se habían convertido en hombres de confianzas para sus casas matrices: Guillermo Rodríguez Eraso, vicepresidente de Creole Petroleum Corporation; Alberto Quirós Corradi, presidente de la Compañía Shell de Venezuela y otros de los niveles subsiguientes, como Frank Alcock, José Giacoppini Zárraga, Gustavo Coronel, Wolf Petzall, etc. (Mendoza: 1985: p. 113)[33].

 

Fase postnacionalización petrolera (1976-1999)

 

A continuación se realizará un seguimiento histórico de las acciones más importantes que realizaron los distintos gobiernos venezolanos en materia de política petrolera desde 1976 hasta 1999, las cuales han afectado o favorecido a los actores internacionales determinantes de la dinámica petrolera nacional: compañías petroleras internacionales, Estados Unidos, países de América Latina y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A partir del 1 de enero de 1976, Pdvsa asume efectivamente todas las funciones propias de la industria petrolera, al adquirir por su valor nominal la totalidad de las acciones de las 14 empresas que sustituyeron a las concesionarias. Pero, apenas a tres meses de la entrada en vigencia de la Ley de Nacionalización, el 3 de marzo de 1976, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos anuncia la firma de varios contratos con compañías internacionales para el manejo de la explotación y comercialización de petróleo. En ese caso fueron seis compañías japonesas las que recibieron los contratos para manejar hasta 5 millones de toneladas de crudos al año (36.650.000 barriles/año).

El 4 de marzo de 1976, por resolución conjunta de Minas e Hidrocarburos y de Hacienda, se establecen los valores básicos F.O.B. (Free On Board) para las exportaciones de petróleo y productos durante el año en curso.

 Dentro de la política petrolera asumida por Carlos Andrés Pérez se tuvo previsto el registro de filiales de Pdvsa a nivel internacional a partir del mismo año 1976. Se registraron filiales en Inglaterra y en Estados Unidos; y ya para el mes noviembre se contaban con las oficinas administrativas de Pdvsa (UK) y Pdvsa (USA). Seguidamente, se firmó en Roma, Italia, un acuerdo sobre transferencia de tecnología petrolera y en Moscú, URSS, un convenio para intercambiar crudo entregado a Cuba por petróleo soviético entregado a clientes europeos de Pdvsa.

Lo curioso de esta política petrolera es que se realizó en tiempos en que la economía estaba recibiendo ingentes cantidades de petrodólares que se pudieron haber inyectado en la economía venezolana de distintas formas. Cabe destacar, que el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano entre los años 1973 y 1975 venía creciendo a una tasa promedio de 6,2% interanual y en el año 1976 alcanzó su mayor nivel en los últimos 10 años, ubicándose en 8,8% su crecimiento. Sin embargo, en 1977 vuelve a crecer por encima del promedio histórico en los últimos cinco años, ubicándose en 6,7%. (Ver Gráfico 1). Con unos precios del petróleo en continuo ascenso, a niveles de los 11 dólares por barril promedio, que en comparación con el promedio de los últimos 10 años (4,5 US$ / bd), representaban, relativamente, unos precios elevados que garantizaban un flujo de divisas importantes para el país (Ver Gráfico 2).

 

 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto venezolano desde 1964 a 1983

 

 

 

Gráfico 2. Precio del petróleo venezolano desde 1964 hasta 1983

 

A pesar de lo anterior, las reservas internacionales solamente crecieron en 11,37%, es decir de 6.612 millones de dólares en 1974 a 7.361 millones de dólares en 1978 (Gráfico 3).

 

 

Gráfico 3. Reservas internacionales de Venezuela desde 1969 hasta 1983

 

No obstante, el abreboca del programa de internacionalización de Pdvsa fue financiado gracias al endeudamiento de todos los venezolanos. No sólo bastó con que los petrodólares fueron sacados del país, bajo el disfraz de inversiones venezolanas en el exterior y a través de la cancelación de contratos de servicios a los diversificados prestadores de servicios extranjeros, sino que también se diseñó una política agresiva de endeudamiento interno y externo para alcanzar lo que se puede denominar “el financiamiento para el progreso de nuestros clientes petroleros”. La deuda total venezolana en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (un quinquenio) se incrementó en 387,73%; es decir, se multiplicó casi 5 veces, pasando de 2.341,6 millones de dólares a 11.418,1 millones dólares (Ver Gráfico 4).

La economía venezolana había recibido ingentes sumas de petrodólares como para financiar el crecimiento económico interno sin necesidad de incurrir en el endeudamiento. Sin embargo, las cifras indican que estos recursos financieros fueron invertidos en otros países, especialmente en países industrializados y ávidos de petróleo. Esto se hizo, supuestamente, para poder garantizar nuevos mercados y poder suministrarles a las grandes potencias mundiales el tan preciado y codiciado “oro negro”, que actualmente hoy el mundo anhela en su forma original, es decir en forma cruda. Todo esto a cambio de garantizarles el control de un planeta repleto de productos terminados etiquetados “Made in the world”.

Cabe destacar que desde el mismo año 1976, la política petrolera venezolana comienza a dirigirse en contra de las decisiones que referente a los precios venían asumiendo colectiva y consensualmente los miembros de la OPEP. Esto se pone de manifiesto el 17 de diciembre de 1976, en la XLVIII Conferencia de la OPEP celebrada en Doja, Qatar, donde por primera vez, desde 1960, se acuerda una resolución no unánime con respecto a los precios. El 1 de julio de 1977, contrariamente a lo convenido en dicha Conferencia, el gobierno venezolano decide mantener inalterablemente los precios de exportación del petróleo.

 

 

Gráfico 4. Niveles de endeudamiento público por gobiernos venezolanos, 1964 – 1983

 

Por otra parte, a partir del 20 agosto de 1976, el gobierno de Carlos Andrés Pérez decide rebajar del 72% al 65,5% la tasa de Impuesto sobre la Renta aplicado a las operadoras de Pdvsa, comenzando a partir de allí, la etapa de reducción de cargas impositivas a favor de las compañías petroleras; es decir, luego de años de lucha por obtener mayores proporciones de la torta de beneficios del negocio petrolero para el país a través de ISLR, regalías y los valores fiscales de exportación. Es por esto, que se puede decir que el cambio de la política petrolera vino acompañada de entrega de beneficios a las compañías petroleras en detrimento del país.

El 17 de enero de 1977, el Gobierno nacional cancela la primera cuota a las antiguas concesionarias por la indemnización convenida y en marzo, se anuncia que Pdvsa será responsable de todas las operaciones en la Faja petrolífera del Orinoco.

A partir de aquí comienza el debate nacional sobre la inconveniencia de los acuerdos secretos de asistencia tecnológica firmados por Pdvsa, gracias a la denuncia hecha en mayo de 1977 por un grupo de profesores universitarios y políticos, quienes, por medio de carta abierta publicada en el periódico El Nacional, titulada “Con los convenios tecnológicos las transnacionales siguen controlando la industria petrolera”, dirigida al presidente del Congreso Nacional y a los presidentes y secretarios generales de los principales partidos del país, exhortaban denunciaban la inconstitucionalidad de dichos acuerdos[34].

Los convenios de asistencia técnica suscritos por el Gobierno nacional no sólo tienen visos de inconstitucionalidad, sino que refuerzan el encadenamiento de la industria petrolera al capital transnacional, precisan de una fuerte erogación presupuestaria, violan compromisos internacionales -como la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena-, sustraen a las empresas subsidiarias de las grandes compañías de las leyes nacionales, y en la práctica, convierten en una falsedad la tan voceada nacionalización (El Nacional, pág. D-19).[35]

Esta denuncia obligó a la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Energía a discutir sobre la inconveniencia de los acuerdos de asistencia tecnológica firmado con las casas matrices de las antiguas concesionarias.

En ese mismo tono, en junio de 1977, se inicia un debate público sobre la conveniencia de negociar una posible participación externa en los programas de la Faja petrolífera del Orinoco; y el partido Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), solicita ante la Corte Suprema de Justicia, la anulación de los convenios de asistencia tecnológica y denuncia al Ejecutivo nacional de estar firmando contratos leoninos que van en detrimento del interés nacional. Esto obligó a que el presidente Pérez, diera una rueda de prensa el día 29 de agosto de 1977, negando que se hubiera hecho alguna negociación a favor de las antiguas concesionarias por un monto aproximado de 5 millardos de bolívares por concepto de reparos de Impuesto Sobre la Renta. El 21 de octubre de ese año, el Partido Comunista de Venezuela también acude ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad de un contrato de asistencia tecnológica firmado entre el gobierno venezolano y la compañía transnacional Exxon.

El debate nacional sobre el manejo doloso de las negociaciones petroleras con las compañías petroleras internacionales se intensificó cuando el 11 de junio de 1978, el ex presidente Rómulo Betancourt, hace pública su disertación con respecto a la política petrolera del gobierno de turno, en la cual planteaba que si bien fue nacionalizada la industria y el mercadeo del petróleo, reiteraba lo que había dicho hace cuarenta y dos años atrás: “seguimos siendo dependientes del petróleo, como nación y como Estado” (Martínez, 2000: p. 318)[36]. Esto generó un revuelo nacional y comenzaron una serie de críticas de alta intensidad política y un arduo debate sobre la conducción de la política petrolera.

 

El cambio gatopardiano de la política petrolera

 

Entre los años 1979 y 1983, la economía venezolana evolucionó desfavorablemente. Era el período presidencial de Luis Herrera Campins, quien había recibido un país endeudado y con una disminución en el Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2%, el cual cerró en el año 1978 en 2,1% con respecto al año anterior. A pesar de que los precios del petróleo venezolano alcanzaron los niveles históricos más altos en el año 1981 (29,71$/b), el PIB tuvo en ese mismo año una caída del 0,3% con respecto al año anterior que también fue negativo (Gráficos 1 y 2).

En términos generales la economía a lo largo de esa gestión gubernamental fue oscura para el país. Esta dependía de los ingresos petroleros como históricamente lo había sido. La supuesta nacionalización no avizoraba ningún tipo de beneficios extraordinarios para la economía nacional y mucho menos para la población en general.

Pero en materia de política petrolera seguía en marcha la política de entrega de más contratos de servicios para compañías transnacionales. Lo que significaba una transferencia directa de divisas para otros países, como si en el país no pasara nada, como si el petróleo no tuviera nada que ver con la economía nacional, como que si la política de endeudamiento para financiar esos contratos de servicios y los planes de adquisición de activos de Pdvsa, iniciados a partir del año 1981, en las grandes ciudades de los países desarrollados, no fueran elementos a considerar a la hora de planificar el desarrollo interno y el crecimiento industrial venezolano. A partir de aquí se comienza a evidenciar el desligamiento que sufre la política económica de la política petrolera venezolana.

Durante el gobierno de Luis Herrera Campins, las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos se caracterizaron por un deterioro continuo. En la medida que el primero comienza a enviarles señales al imperio del norte de querer desarrollar una política petrolera independiente, estas relaciones se fueron intensificando. Entre los acontecimientos que corroboran lo antes dicho destaca el ocurrido en julio de 1979, cuando el ministro de Relaciones Exteriores venezolano le envía al gobierno norteamericano un documento mediante la cual se insistía y se exigía respeto al derecho soberano de las naciones de disponer libremente sus recursos naturales. Esto en respuesta a una demanda que contra la OPEP fuera introducida por el gobierno de Estados Unidos ante un juzgado de la ciudad de California. Más aún, el Gobierno nacional, como nota de protesta, le devuelve al embajador estadounidense una comunicación sin ser abierta referente a dicho caso, en la cual se le anexó una nota oficial donde se insiste que los actos relativos a la administración y comercio de los hidrocarburos, sobre todo los relacionados a la fijación de los precios, dependen de la soberana voluntad del Estado venezolano de conformidad con las normas constitucionales y de derecho público.

En ese mismo primer año de gobierno de Luis Herrera, ocurre un hecho que va a mostrar un giro contundente en la política petrolera venezolana: Estados Unidos le exige a Venezuela que eleve su producción para que sustituya parte de las exportaciones del Medio Oriente y le garantice al Mercado Petrolero Internacional la cantidad de petróleo que Irán no estaba garantizando, producto de la situación política y de guerra que estaba viviendo en ese tiempo. Pero el 14 de noviembre de 1979, Venezuela le responde no estar dispuesta aceptar esa petición. Hecho que fue tomado por varios analistas nacionales e internacionales como un acto de apoyo a Irán y a la OPEP. Aquí se evidencia la primera manifestación histórica de distanciamiento entre la política petrolera y la exterior tradicional venezolana en la era postnacionalización.

Esos acontecimientos conllevan al Gobierno nacional a acercarse a los países miembros de la OPEP para revertir la política llevada a cabo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la cual se materializa con la celebración de la LV Conferencia de la OPEP en Caracas, el día 20 de diciembre de 1979, y que fue presidida por Humberto Calderón Berti, siendo el tema de debate central el fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación entre las naciones del tercer mundo.

Posteriormente, el 24 de abril de 1980, el ministro Humberto Calderón Berti emite declaraciones que intensifican los niveles de conflictividad existentes entre Venezuela y los Estados Unidos, al manifestar que no se le venderá petróleo venezolano para acumular en sus reservas estratégicas. Un año y medio más tarde vuelven los enfrentamientos, cuando en septiembre de 1981, el ministro acusa a la compañía petrolera estadounidense, Texaco, de no aceptar crudos venezolanos para procesarlos en su refinería de Managua, Nicaragua, cuya suspensión duró exactamente un año, hasta que en septiembre de 1982, Texaco acepta procesarlos nuevamente.

Inicio de la política petrolera de capitalización hacia fuera

 

A finales del año 1982 se inicia el Programa de Internacionalización o Capitalización hacia fuera de la industria petrolera venezolana, que duró hasta el año 1998, siendo el objetivo principal de Pdvsa la adquisición de activos fuera del país con sus propios recursos o a través de asociaciones con compañías transnacionales, amparados en el Artículo 5 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. En ese sentido, la directiva de la empresa estatal, con el apoyo del Ejecutivo nacional, comienza a hacer inversiones de capitales en grandes centros de consumo petrolero del mundo, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Suecia y Bélgica, a través de la asociación o adquisición total de refinerías y empresas comercializadoras en el exterior con capitales 100 % venezolanos, y en países antillanos como Curazao, Bonaire y Bahamas, entre otros.

Entre los argumentos de la política de internacionalización estaba la captación de nuevos mercados y el incremento de la producción petrolera nacional. Paralelamente a esto, las inversiones en varios planes estratégicos dentro del país fueron reducidas. Todo acontece a través de los siguientes eventos:

El 25 de abril de 1980, Corpoven, Llanoven, Maraven y Lagoven firman contratos de tecnología con Exxon, British Petroleum y la Corporación Francesa de Petróleos, donde los pagos se basaban sólo en servicios contratados y recibidos. El 3 de agosto de 1980, Venezuela y México firman en San José de Costa Rica un convenio para ampliar el Acuerdo de Puerto Ordaz donde se incrementa el suministro de petróleo crudo bajo condiciones favorables a países de América Central y el Caribe.

En mayo de 1982, Pdvsa reduce las inversiones programadas para la Faja en más de USD 400 millones. El 4 de agosto, Pdvsa y Veba Oel firman un acuerdo preliminar de carácter comercial y tecnológico. El 4 de noviembre, el Ejecutivo nacional decide disminuir los valores de exportación para aumentar la liquidez de Pdvsa y el 31 de diciembre de este mismo año, los pagos a empresas extranjeras por asistencia tecnológica se incrementan y llegan a Bs. 228 millones.

A lo largo del gobierno de Luis Herrera Campins, fue frecuente escuchar noticias sobre el incumplimiento de los pagos de los impuestos correspondientes por parte de las compañías petroleras al fisco nacional, lo que obligó al Ejecutivo nacional a formar una comisión conjunta integrada por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y el de Hacienda. Esta comisión llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal del país y los aportes al fisco nacional que le correspondían pagar a cada una de las compañías petroleras que prestaban servicios tecnológicos y operativos en el país a partir del año 1976. También le recomendó al Ejecutivo no proseguir las conversaciones con las antiguas concesionarias, debido a los reclamos hechos por parte del Contralor General de la República por la morosidad en el pago de impuesto sobre la renta.

Lo anterior, conllevó al Gobierno a reactivar 217 de las 778 demandas existentes contra las antiguas concesionarias, en junio de 1980. Lo que pone en evidencia, una vez más, que las políticas de inversión de las transnacionales y las políticas de desarrollo de la industria petrolera venezolana siempre han estado en total disonancia con los intereses nacionales, ratificanodo que el interés que mueve a las primeras es la ganancia por encima del desarrollo de los países poseedores y explotadores del petróleo.

 

Política de defensa de los precios a través de la OPEP

 

En el período gubernamental de Jaime Lusinchi (1984–1988), la política petrolera estuvo direccionada a la defensa de la política de precios acordadas por la OPEP y al mantenimiento de la política de internacionalización por parte de Pdvsa. De hecho, los dos primeros años de gobierno los precios del crudo venezolano se cotizaban por encima de los 25 dólares por barril (Gráfico 5), lo que representaba unos ingresos fiscales cuantiosos para una economía en recesión que les permitían cubrir el presupuesto nacional.

Un hecho resaltante e histórico del mercado petrolero mundial ocurre cuando los precios del petróleo comienzan a descender producto de la política de precios llevada a cabo por Arabia Saudita, como un mecanismo de protesta contra la guerra entre Irak e Irán, las cuales supuestamente los estaban afectando. Los precios internacionales del petróleo llegaron a su mínimo nivel desde 1978, promediando en 12,5 dólares por barril en el año 1986.

 

 

Gráfico 5. Precio cesta petrolera venezolana desde 1979 hasta 1993

 

Por su parte, la política económica estuvo dirigida a financiar el presupuesto nacional y las inversiones por medio del endeudamiento de la economía, que incrementaron la deuda nacional en 12.504 millones de dólares (71,38%), la cual se ubicó en 29.973,5 millones de dólares (Gráfico 7), y las reservas internacionales mermaron en más de la mitad de lo que las recibió el gobierno de Lusinchi en 1984, ubicándose para el año 1988 en 7.068 millones de dólares (Gráfico .

 

 

 

Grafico 6. Producto Interno Bruto venezolano desde 1979 hasta 1993

 

 

Grafico 7. Nivel de endeudamiento público por gobierno (1979–1993)

 

En términos generales, la política petrolera del gobierno de Jaime Lusinchi tuvo como finalidad la defensa de los precios del petróleo, sobre la base de los acuerdos de la OPEP. La misma comienza a aplicarse a partir de enero de 1985, cuando el ministro Arturo Hernández Grisanti denuncia una campaña internacional contra la política de precios de la OPEP, promovida desde Washington, Estados Unidos. Luego y en el mismo tono, el 8 de mayo de 1985, acusa a la Unión Soviética y al Reino Unido de negociar grandes cantidades de petróleo crudo en el mercado ocasional, con el propósito de interferir con el trabajo del grupo de países exportadores de petróleo.

 

 

Gráfico 8. Reservas internacionales de Venezuela desde 1979 hasta 1993

 

En ese tono, Venezuela participa el 22 de septiembre de 1986, en la LXXIX Conferencia Extraordinaria de la OPEP, celebrada en Ginebra, Suiza, donde se acordó reiniciar la metodología de fijación de cuotas de producción para todos sus países miembros; y en el mes de diciembre de ese año, se celebra en la misma ciudad la LXXX Conferencia de la OPEP que tuvo una duración de nueve días, en donde se acuerda fijar el precio internacional del petróleo con base en una cesta de siete petróleos crudos, escogidos entre las segregaciones que venden los miembros, las cuales es conocido hoy como la cesta petrolera de la OPEP.

Dos años más tarde, en la LXXXIII Conferencia de la OPEP, reunida en Viena, Austria, el 14 de junio de 1988, los países miembros comienzan a analizar el problema del incumplimiento de las cuotas de producción por parte de algunos de ellos entre los que se encontraba Venezuela.

 

Maximización de la internacionalización de PDVSA

 

A partir de septiembre de 1986, el gobierno de Jaime Lusinchi le da continuidad al Programa de Internacionalización petrolera iniciada a finales del año 1982, materializándose con la autorización por parte del Ejecutivo nacional a Pdvsa de la adquisición de la mitad (50%) de Citgo, la cual es una importante compañía refinadora y distribuidora de productos del sureste de los Estados Unidos, con sede en Tulsa OK, y luego el 30 de enero de 1990, adquiere la totalidad de sus acciones. A continuación se describen otros eventos que demuestran como se fue maximizando el proceso de internacionalización de la petrolera estatal, tomados de Martínez (2000):

El 1 de enero de 1987, Pdvsa adquiere la mitad (50%) de Champlin, compañía refinadora y comercializadora en el sureste de los Estados Unidos y luego en enero de 1989 adquiere su totalidad. Entre marzo de 1987 y septiembre de 1988, Pdvsa compra la totalidad  de las acciones de la compañía refinadora Champlin Petroleum ubicada en Corpus Christi TX – EUA

El 7 de julio de 1987, el ministro Arturo Hernández Grisanti firma en Beijíng, China, un convenio sobre investigación conjunta y proyectos de desarrollo en petroquímica con el presidente de la Corporación Petroquímica de China. El 12 de agosto de 1987, Pdvsa y Elf Aquitaine de Francia, firman convenio de cooperación en investigación y servicios técnicos. Y, El 01 de diciembre de 1988, Pdvsa y Unión Oil, California, (Unocal) convienen constituir por igual una empresa mixta, que incluye la refinería de Lemont, cerca de Chicago, EUA.

                                                                 

                                                            

El regreso de Carlos Andrés Pérez

 

El 4 de febrero de 1989 se inicia el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez en el país y recibe una economía con cuatro años continuos de crecimiento de su PIB, promediando una tasa de crecimiento interanual del 4%, con unos precios del petróleo ubicados por el orden de los 13 dólares por barril, con las reservas internacionales más bajas desde 1973, 7.068 millones de dólares y con una deuda pública que rondaba los 29.793 millones de dólares.

Este Gobierno toma la decisión de aplicar lo que se denominó “el viraje económico”, que era la aplicación de las políticas neoliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional en forma de recetas para la reactivación de las economías de los países subdesarrollados. La aplicación de estas medidas en el primer año del gobierno de Carlos Andrés Pérez provocó una reacción social y política inmediata en el país que afectó directamente a la economía. El PIB para el año 1989 presentó una caída del 8,6% con respecto al año anterior.

Posteriormente, la creciente economía mundial y la guerra entre Irak y Kuwait, ambos países petroleros, ayudó al fortalecimiento de los precios del petróleo y a la salida de temporal de esa crisis económica en el país.

 

El regreso del engaño: La Apertura Petrolera

 

En cuanto a la política petrolera llevada a cabo por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se le dio continuidad al programa de internacionalización de Pdvsa, sin embargo, a partir de 1992, se toma la decisión de volver a abrirles las puertas a la entrada de las compañías transnacionales y sus grandes capitales en el negocio petrolero venezolano, para que nuevamente, como en los tiempos de las concesiones, llevaran a cabo la explotación y desarrollo de grandes lotes de terreno en el país.

A través de una fuerte campaña mediática gubernamental, pagada con recursos del Estado y con el argumento de que la industria petrolera requería urgentemente de capital privado, tanto nacional como internacional, para incorporarlos a las inversiones petroleras de Pdvsa, se recibieron bajo un ambiente de festividad, a las más grandes corporaciones petroleras del mundo para que se encargaran, mediante diversas modalidades de negocios, en importantes operaciones de desarrollo y explotación de crudos a lo largo del territorio nacional. Entre estas modalidades se destacaron los convenios operativos, asociaciones estratégicas para la producción de crudos, convenios de asociación para la exploración y outsourcing[37] para actividades de servicio. A esta estrategia de negocio se le denominó Proceso de la Apertura Petrolera.

Por su parte, Mendoza (2006: 200) insiste que ese proceso de apertura ya se había iniciado en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos: “…y justamente, con los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, las cuales constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano”.

Esta política comienza a ejecutarse a partir del 28 de diciembre de 1990, cuando en la segunda asamblea anual de Pdvsa se aprueba el presupuesto del año 1991 y se acuerda aumentar la capacidad de producción de petróleo crudo a 3,1 millones b/d para el año 1993 y 3,3 millones para el 1995, reforzar los programas de la orimulsión y prever inversiones que permitan incrementar la flota nacional para poder cargar el 40% del total transportado. Cabe señalar, que de acuerdo con el BCV para el 31 de diciembre de 1990, la participación del ingreso petrolero en el ingreso fiscal total alcanzaba el 81,6%.

Esta estrategia de crecimiento la diseña el Gobierno nacional tomando en consideración las principales fortalezas de Pdvsa para ese entonces (1992) que según las estadísticas de la compañía petrolera British Petroleum (2009) contaban con unas reservas probadas de hidrocarburos por el orden de los 63,3 mil millones de barriles de petróleo y en 3,69 trillones de metros de cúbicos de gas.

En ese orden de ideas, la política petrolera del segundo gobierno de Pérez no cambió en nada de fondo de la aplicada en su primer gobierno, se volvió a entregar el negocio petrolero venezolano a los capitales transnacionales, representada en este caso por las grandes corporaciones petroleras, para que estas, ávidas de las ganancias y de los petrodólares que se transan diariamente en el mercado petrolero internacional, se instalen en el país y comiencen lentamente como lo hicieron por más de cien años, a apoderarse del corazón de la industria petrolera venezolana.

En esta oportunidad el engaño en materia petrolera, vino acompañado de argumentos técnicos diseñados y planificados por gerentes de Pdvsa, quienes a finales de 1990 le insistían al país que se había identificado una estratégica oportunidad de negocios para expandir su capacidad productiva, a objeto de atender y satisfacer una demanda energética creciente a nivel mundial.

Entre los argumentos técnico-económicos presentados al país por parte de la directiva de Pdvsa, pronosticaban que la demanda mundial de energía crecería a un ritmo del 2% anual, producto de la expansión económica de los países desarrollados y emergentes, a un crecimiento demográfico moderado, a los avances tecnológicos y a una mayor eficiencia en el uso de energía. Estos escenarios implicarían un aumento interanual de la demanda petrolera de 1,5%, que situaría el consumo mundial en 81 millones de barriles diarios para el año 2005.

De acuerdo con esa coyuntura, los técnicos de Pdvsa estimaron que para el año 2005, Venezuela podría satisfacer una demanda cercana a los 5,2 millones de barriles diarios entre crudo y derivados, y que para poder satisfacer y apoderarse de una parte de ese mercado creciente y sin dueños, debería hacer crecer la capacidad de producción nacional. Pero como Pdvsa no contaba con los recursos financieros suficientes para realizar las inversiones que se requerían, tomaron la decisión de abrir nuevamente el negocio petrolero a los capitales internacionales. De igual modo argumentaban que uno de los factores relevantes era la alta capacidad de negociación de Pdvsa con otras empresas del sector petrolero internacional, la cual se apoyaba en la experiencia adquirida y continuada en el proceso de internacionalización iniciada en el año 1982.

 

La Orimulsión como una estrategia de mercadeo de la Faja petrolífera del Orinoco

 

A partir del año 1985, Lagoven comienza las pruebas a escala piloto para el transporte por tuberías de un nuevo combustible de fabricación venezolana conocido con el nombre de Orimulsión, que es una emulsión en agua del petróleo ubicado en el campo Faja del Orinoco, en Morichal, Estado Anzoátegui, que debido a su composición química fue denominado por técnicos venezolanos, empleados públicos de la industria petrolera nacional, como bitumen natural. La estrategia comercial de Pdvsa se centró en la colocación de este combustible para la generación de electricidad en el mercado energético mundial, específicamente, para competir con el carbón como insumo para alimentar las plantas termoeléctricas. Un año después, en agosto de 1986, Lagoven y New Brunswick Power de Canadá comienzan un programa piloto para generación eléctrica usando este combustible.

Sucesivamente, varios países y compañías transnacionales manifestaron su voluntad de apoyar e invertir recursos para el desarrollo de la orimulsión en el país, ente ellos la Unión Soviética y Japón. El 20 de agosto, Pdvsa diseña y organiza Bitúmenes del Orinoco (Bitor), filial que se encargará de la comercialización de la Orimulsión. Y finalmente el 22 de diciembre de ese 1988, Petróleos de Venezuela y British Petroleum constituyen BP-Bitor para promover y mercadear la Orimulsión.

 

EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN

 

En 1992 es depuesto Carlos Andrés Pérez y asume como presidente provisional Ramón J. Velásquez hasta el año 1994. La política petrolera nacional diseñada y dirigida directamente por la directiva de Pdvsa en ese Gobierno, dio continuidad a los programas de internacionalización y a los planes de apertura de la industria petrolera nacional. Entre los eventos más importantes de la época se identifican los siguientes:

El 25 de marzo de 1993, Lagoven se asocia con Exxon, Mitsubishi y Shell para realizar el proyecto “Cristóbal Colón”, para comercializar el gas natural de los campos gigantescos del grupo Patao, con una inversión inicial de USD 5,6 millardos (Cuenca de Margarita).

El 30 de abril de 1993, Citgo Asphalt and Refining adquiere la refinería de Savannah GA-EUA, lo cual fortalece significativamente la posición de Citgo en el mercado de asfalto de refinería en la Costa Este de los Estados Unidos.

En mayo de 1993, la revista Fortune de los Estados Unidos ubica a Citgo en el puesto 53 entre las corporaciones industriales de los EUA. Asimismo, Citgo concreta negociaciones para adquirir de Amoco Oil una unidad de negocios de asfalto de refinería de 4000 toneladas diarias de capacidad y crear la compañía Lyondell – Citgo, a fin de expandir su producción en la refinería ubicada cerca de Houston TX-EUA a 35.000 metros cúbicos diarios de petróleo crudo pesado.

     El 26 de agosto de 1993, se toma una decisión que vulneró los intereses del país a favor de las compañías transnacionales, el presidente por Ley Habilitante, sanciona la Ley de Reforma Parcial del Impuesto sobre la Renta, donde se excluyen a los contratistas con Pdvsa bajo convenios de asociación, del pago de impuesto sobre la renta por todos los enriquecimientos obtenidos en la explotación de hidrocarburos o de actividades conexas de refinación y transporte.

 

Restricciones de Estados Unidos A la gasolina venezolana

 

A partir del año 1992, nuevamente se suscitan enfrentamientos diplomáticos entre los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela en materia de comercialización del petróleo. En este caso los Estados Unidos comienzan a poner restricciones a la importación de gasolina reformulada venezolana argumentando que no cumplen con las normas ambientales exigidas por el primero. En junio de 1992, Citgo informa a Pdvsa la nueva versión discriminatoria del reglamento sobre las gasolinas que los Estados Unidos importarán desde el país a partir del año 1995. En enero de 1993, Pdvsa hace un nuevo petitorio a la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, con relación a que considere las exigencias que hace sobre la gasolina reformulada que se exportará a ese país a partir del año 1995 (Martínez, 2000)[38].

A esta problemática, el 1 de Octubre de 1993 se incorpora las compañías transnacionales, quienes comienzan a presionar a la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos para que prohíba la importación de gasolina reformulada venezolana por exceso de contaminantes. Entre otras compañías se mencionan Sun y Mobil. Esto obligó al ministro Alirio Parra a viajar a Washington DC., EUA, el 24 de octubre de 1993 para reunirse con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, reafirmándoles que la gasolina venezolana no es más contaminante que las producidas por los refinadores estadounidenses, al tiempo que les demostró las inversiones por más de USD 1,2 millardos que hacen Pdvsa y sus filiales para adecuar sus productos a las nuevas normas ambientales en ese país.

Antes estos inconvenientes el 20 de diciembre del mismo año, el embajador Alfredo Tarre Murzi denunció en Ginebra, Suiza, en la reunión del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), la restricción discriminatoria impuesta a la importación de gasolina reformulada venezolana por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos.

El 23 de marzo de 1994, la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos anuncia un acuerdo con Venezuela, con relación a la importación de gasolina reformulada. Luego, el 25 de marzo, miembros del Congreso de los Estados Unidos denuncian un acuerdo a puertas cerradas que permitiría la importación de gasolina reformulada. Y el 12 de diciembre de ese mismo año, Venezuela decide no mantener su controversia con los Estados Unidos en el GATT respecto a la importación de gasolina reformulada y acogerse a las nuevas reglamentaciones dentro de la Organización Mundial de Comercio.

El 23 de enero de 1995, Venezuela solicita formalmente a los Estados Unidos iniciar consultas con relación a la importación de gasolina reformulada, conforme a los reglamentos del GATT. El 24 de febrero de 1995, Venezuela presenta a los Estados Unidos su reclamo con relación a la importación de gasolina reformulada, sin recibir justificación. El 20 de marzo de 1995, durante la semana, Venezuela y los Estados Unidos intercambian preguntas y respuestas por el caso de la discriminación a la gasolina reformulada, para concluir el período de sesenta días antes de solicitar a la Organización Mundial de Comercio el establecimiento de un grupo especial para dirimir la controversia.

El 29 de mayo de 1995, Venezuela entrega sus alegatos al Grupo Especial de la Organización Mundial de Comercio que estudiará el reclamo contra los Estados Unidos por discriminación a la importación de gasolina reformulada. El 31 de julio, el Ejecutivo nacional solicita a la Organización Mundial de Comercio que ordene a los Estados Unidos aceptar la importación de gasolina reformulada de Venezuela.

El 29 de abril de 1996, el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio sentencia que ciertas normas ambientales de los Estados Unidos obstaculizan la importación de gasolina reformulada de Venezuela. El 22 de Mayo de 1996, la Organización Mundial de Comercio, al término del primer litigio internacional entres sus países miembro, condena las medidas discriminatorias de los Estados Unidos contra las importaciones de gasolina reformulada de Venezuela. El día 23 del mismo mes de Mayo, una misión del Gobierno de los Estados Unidos, de visita en Caracas, sugiere que en beneficio de las buenas relaciones entre los dos países, Venezuela ignore la decisión de la Organización Mundial de Comercio contra la discriminación a la gasolina reformulada.

El 19 de Junio de 1996, los Estados Unidos acepta el fallo de la Organización Mundial de Comercio que reconoce la discriminación a las importaciones de gasolina reformulada desde Venezuela. El 21 de Junio de 1996, la Oficina de Relaciones Comerciales Internacionales de la Casa Blanca advierte que los Estados Unidos requieren más tiempo para decidir la forma de implementar la decisión favorable a Venezuela, en el caso de las importaciones de gasolina reformulada.

El 7 de Mayo de 1997, los Estados Unidos propone a la Organización Mundial de Comercio la enmienda de la decisión favorable a Venezuela para terminar el trato discriminatorio a la gasolina reformulada.

El enfrentamiento continuo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, que duró aproximadamente cinco años, quedó cerrado el 13 de octubre de 1997, cuando el Secretario del Departamento de Energía estadounidense, Federico F. Peña, y el ministro de Energía y Minas venezolano, Edwin Arrieta, firmaron un Acuerdo de Cooperación Energética, cuyo objetivo principal fue “desarrollar actividades conjuntas en función del interés mutuo para promover el desarrollo y uso racional de la energía convencionales (especialmente de combustibles fósiles), eficiencia energética y energías renovables, y otros tópicos que las partes consideren”[39].

Dicho acuerdo contemplaba la ejecución de una serie proyectos: asociaciones para explotación de petróleo crudo, procesos de recuperación secundarias, entrenamiento de ingenieros petroleros en el sitio, intercambio de personal técnico, transferencia tecnológica y de información para la recuperación petrolera, inversiones en recursos energéticos ecológicos y en la petroquímica, y tecnología de perforación.

 

 

 

Intensificación del proceso de la entrega petrolera de los ´90

 

Con Rafael Caldera como presidente, se acentúa el proceso denominado por Pdvsa como la apertura petrolera, que como muy bien su eslogan lo describe fue un proceso donde se les vuelve a entregar parte del negocio de la explotación del negocio de los hidrocarburos a las compañías transnacionales, incluso, bajo mejores condiciones que en épocas de las concesiones petroleras. No sólo se entregó las áreas para explotar el petróleo crudo sino parte del negocio del gas natural cuya demanda mundial venía mostrando tendencias hacia el crecimiento. Por citar algunos casos recogidos de la cronología de Martínez (2000)[40], el 25 de enero de 1994, Lagoven, Shell, Exxon y Mitsubishi firman el convenio de asociación del proyecto “Cristóbal Colón”, para constituir la empresa Sucre Gas, que desarrollaría el gas natural de la cuenca de Margarita.

El presidente Caldera, también le da continuidad a la política de internacionalización de Pdvsa y al desarrollo del comercio internacional de la Orimulsión. En los meses de abril y mayo de 1994 arranca con fuerza la Apertura Petrolera, para la cual Pdvsa desarrolla el programa de apertura de nuevas áreas para exploración y explotación con terceros.

El 24, 26 y 28 de julio de 1995, Pdvsa presenta en Houston, Nueva York y Londres el programa de Convenios de Asociación para Exploración a Riesgo y Producción Compartida. El 1 de agosto de 1995, Lagoven, Exxon, Shell y Mitsubishi anuncian el redimensionamiento del proyecto Cristóbal Colón, por causa de los bajos precios del gas natural. Las inversiones totales se redujeron a US$ 4,2 millardos, sin embargo, los estudios sísmicos ya habían confirmado reservas probadas por el orden de los 300 millardos de metros cúbicos.

El 22 de septiembre de 1995, Pdvsa notifica a 75 empresas haber sido debidamente preseleccionadas para intervenir en el programa de la licitación pública de 10 bloques para exploración y producción de hidrocarburos. El 20 de noviembre de 1995, Maraven, Total de Francia y Norsk Hydro y Statoil de Noruega constituyen la asociación estratégica Sincor, para explotar el petróleo crudo pesado del campo Faja del Orinoco.

El 19 de mayo de 1996, Pdvsa y Exxon firman acuerdo de intención para el quinto proyecto de asociación estratégico en el campo Faja del Orinoco (área principal de producción Cerro Negro). El 10 de julio de 1996, la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) firma convenios de asociación para la exploración a riesgo y ganancias compartidas con Mobil, Veba Oel y Nippon Oil para el área La Ceiba; con Elf Aquitaine y Conoco para el área Guanare; con Conoco para el área Golfo de Paria Oeste; con Enron e Inelectra para el área Golfo de Paria Este; con Pérez Companc para el área San Carlos; con British Petroleum, Amoco y Maxus para el área Guarapiche; con Amoco para el área Punta Pescador; y, con Luisana Land, Benton y normen para el área Delta Centro.

En diciembre de 1996, Coastal de los Estados Unidos negocia con Maraven una sexta asociación estratégica en el Campo de Faja del Orinoco. El 2 de Diciembre de 1996, Lagoven y sus eventuales socios Shell, Exxon y Mitsubishi, luego de cuatro años de estudios y análisis, suspenden el proyecto “Cristóbal Colón”, con el cual hubiera comenzado la explotación a gran escala de los campos gigantescos de gas natural en el cuenca de Margarita.

El 31 de enero de 1997, Pdvsa, por intermedio de la filial Citgo, que para entonces manejaba 15.200 estaciones de servicio, toma el primer lugar en ventas de gasolina automotriz en los Estados Unidos.

El 13 de junio de 1997, la Fundación para la Defensa del Patrimonio Nacional (Fundapatria) plantea públicamente la necesidad de debatir con amplitud la apertura petrolera, los posibles sobornos y otros hechos de corrupción en las subastas realizadas por el Gobierno nacional.

El 29 de julio de 1997, Corpoven, Lagoven y Maraven firman 16 convenios correspondientes a las áreas licitadas en la Tercera Ronda de Convenios Operativos.

El 11 de agosto de 1997, Fundapatria denuncia el aviso comercial de ocho páginas inserto en la revista estadounidense Time, sobre la inevitabilidad de la privatización de Pdvsa, mediante venta de acciones.

El 8 de septiembre de 1997, CVP adjudica el campo Mata, en el Estado Anzoátegui, como parte de la Tercera Ronda de Convenios Operativos al consorcio Jantesa y Pérez Companc, quienes habían quedado como segundos ofertantes en el segundo proceso licitatorio.

El 28 de octubre de 1997, Pdvsa, Mobil y Veba Oel firman un convenio de asociación estratégica en el área productora principal Cerro Negro, ubicado en el Campo Faja del Orinoco, para procesar 6 millones de toneladas anuales de petróleo crudo extrapesado, con US$ 2,5 millardos inversión estimada. En el mismo acto, Pdvsa adquiere el 50% de las acciones de la refinería de Mobil en Chalmette, LA–Estados Unidos.

El 18 de mayo de 1998, los legisladores de las Islas Vírgenes (EUA) aprueban la venta a Pdvsa del 50% de la firma local Hess Oil, que opera una refinería en St Croix.

Por otra parte, en consideración con la situación que atravesaba la economía mundial, que incidía directamente en el mercado internacional y por ende se refleja en los precios internacionales del petróleo y consecuentemente en los niveles de ingresos de divisas en la economía de los países miembros de la OPEP, el 22 de marzo de 1998, Arabia Saudí, México y Venezuela, acuerdan en Riyadh, reducir su producción en 100.000 metros cúbicos diarios.

Debido a la crisis económica que tuvo un alto impacto en la economía venezolana, el presidente Rafael Caldera, el 4 de noviembre de 1998, dicta el Decreto con Fuerza y Rango de Ley que crea el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), cuyo objetivo era procurar que las fluctuaciones del ingreso petrolero no afecten el equilibrio fiscal, cambiario y monetario del país.

Sirva a manera de ilustración de la situación precaria que vivía la economía venezolana, que para el 27 de noviembre de 1998, el precio de la cesta petrolera venezolana alcanzó el nivel histórico más bajo desde 1973, al ubicarse en USD 7,98 / barril.

 

Rechazo de Estados Unidos al proyecto de la Orimulsión

 

A pesar de que varios países del mundo estaban interesados e invirtiendo en el desarrollo tecnológico y comercial de la Orimulsión, producto 100% venezolano, el gobierno de los Estados Unidos, en fecha 23 de abril de 1996, rechazó un proyecto de conversión de una planta de generación eléctrica para que utilice Orimulsión cerca de Tampa, FL-EUA, representando un nuevo impasse en materia comercio-energética entre ambos países.

Sin embargo, el 3 de mayo de 1996, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano aclaró que la negativa del gobierno del estado de Florida de usar orimulsión para generación eléctrica no impedía su entrada en los otros 49 estados de los Estados Unidos.

En contraste con lo anterior, en ese mismo año, específicamente el 6 de mayo de 1996, en una visita oficial del presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China conjuntamente con el de Bitor, firman un memorando de entendimiento para el suministro de 500.000 toneladas de orimulsión a título experimental, que podría extenderse a 5,2 millones de toneladas por año. Estos acuerdos se comienzan a ejecutar a partir del 19 de agosto de 1996, cuando se realiza el primer envío de orimulsión a la Corporación Nacional China. De igual forma entre los planes del gobierno venezolano estaba la concreción de diversos acuerdos con países bálticos.

 

DEPENDENCIA VENEZOLANA POR EL MERCADO PETROLERO ESTADOUNIDENSE

 

Estados Unidos e Inglaterra son los únicos países del mundo que el negocio petrolero no está en manos del Gobierno nacional. Los procesos que se desarrollan en la industria petrolera desde la exploración hasta la comercialización son llevados a cabo por empresas privadas, en su mayoría transnacionales, incluso, el terreno y el subsuelo donde están depositados los hidrocarburos son de propiedad privada. El gobierno de los Estados Unidos no compra ni vende directamente petróleo con fines comerciales. A través del Departamento de Energía el Gobierno compra petróleo sólo con fines estratégicos: compras de crudo dedicadas a llenar su reserva estratégica. Tampoco es propietario de infraestructura de producción, refinación o comercio petrolero. Sólo administran las reservas estratégicas de crudo, es decir, los particulares son los dueños del terreno y de las riquezas del subsuelo, que constituidos como compañías petroleras, desarrollan el negocio petrolero en el mercado norteamericano.

La consideración anterior se hace para poder comprender el tipo de relaciones comerciales que Venezuela mantiene en materia petrolera con los Estados Unidos, que como hemos visto, es su principal cliente. Esta relación se podría caracterizar por ser una relación comercial Estado–Compañías Petroleras y no una relación Estado–Estado como ocurre con el resto de los países con las cuales Venezuela mantiene relaciones comerciales petroleras. En este caso la comercialización con los Estados Unidos es realizada directamente por las compañías petroleras privadas.

La dependencia de la economía venezolana por el desempeño de la estadounidense, siempre ha preocupado a sus gobiernos y a los agentes económicos, debido a la vulnerabilidad que esto representa. La actividad exportadora petrolera nacional se encuentra muy atada a ella. A pesar del clima de incertidumbre y los enfrentamientos diplomáticos que se han desarrollado entre ambos países a partir del año 2001, el comercio petrolero entre Venezuela y el gigante del norte ha fluido sin mayores tropiezos. De hecho, al primer país se le presenta una disyuntiva a la hora de materializar de manera injustificada cualquier tipo de recorte petrolero.

La vulnerabilidad viene dada por una serie de elementos geoestratégicos y estructurales de su sistema petrolero, dentro de las cuales están la cantidad de contratos suscritos a corto, mediano y a largo plazo directamente con las compañías petroleras, quienes son las garantes de la seguridad energética de los Estados Unidos. De igual forma, debido al tipo de refinerías especializadas para procesar la mayor cantidad de las reservas del crudo venezolano las cuales poseen ciertas características peculiares (ácido y pesado), que dificultan la colocación en otros mercados del petróleo que se deje de exportar a Estado Unidos. Y finalmente, debido a que no habría argumentos jurídicos para dejar de cumplir con las demandas legales por incumplimiento de los contratos suscritos previamente con las compañías petroleras, y tomando en cuenta la capacidad financiera de Pdvsa para cancelar las deudas que se vayan acordando de la liquidación de los contratos.

 

 

EL PRESENTE

 

Toma el poder la revolución bolivariana

 

En febrero de 1999 asciende al poder el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien recibe un país con una economía nacional e internacional deprimida, el precio del petróleo venezolano promediando los 10 dólares por barril, una caída del PIB de aproximadamente 6,37% a finales del año 1998, la cual ubicó la tasa de crecimiento económico en apenas 0,3%, con reservas internacionales por el orden de los 14.849 millones de dólares y con una deuda total de aproximadamente 26.746 millones de dólares. Más adelante se describen con mayor profundidad el comportamiento económico del país durante este período gubernamental hasta el año 2006.

En cuanto a la política petrolera del gobierno de Hugo Chávez, no es hasta el 01 de enero del 2002 con la puesta en marcha el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, que se le da un vuelco contundente a la estrategia continuada de Pdvsa de internacionalización o capitalización hacia afuera, al proceso de apertura petrolera, al programa de desarrollo y comercialización de la orimulsión, a la política de desconocimiento de la OPEP como organismo fundamental para la defensa de los precios, a la estrategia expansionista de la producción, a la entrada masiva de las compañías transnacionales por medio de contratos de servicios que afectaban al interés nacional, entre otros.

A continuación se describen algunos eventos importantes que se desarrollaron en la industria petrolera venezolana en el año 1999 las cuales fueron diseñadas y ejecutadas directamente por los gerentes de Pdvsa.

El 15 de enero de 1999, Pdvsa anuncia que el presupuesto de inversiones acordado en la asamblea celebrada en diciembre de 1998, disminuirá en 15% y se ubicará en Bs. 3 billones 873 millardos. De igual forma, el presupuesto de gastos y costos disminuiría en 20% y se ubicaría en 3 billones 304 millardos, por causa de la baja en el precio del petróleo.

El 19 de febrero de 1999, el precio promedio del petróleo crudo venezolano en el mercado internacional es Bs. 4.590 / tonelada (USD 8,02 / barril).

El 7 de marzo de 1999, Statoil compra a la Corporación Nacional de Petróleo de China (contratada por Pdvsa) la mitad de su participación en el área Intercampo Norte del campo Costanero de Bolívar, estado Zulia.

El 11 de marzo de 1999, los ministros de Petróleos de Venezuela, México y Arabia Saudí convienen en la Haya, Holanda, disminuir la producción para fortalecer el precio internacional del petróleo. A partir de esta fecha el gobierno da un nuevo giro a la política petrolera venezolana: comienza la búsqueda del fortalecimiento de los precios del petróleo.

El 29 de marzo de 1999, la asamblea de accionistas de Pdvsa, por primera vez celebrada en el Palacio de Miraflores, presenta los resultados operacionales y financieros del año 1998 y la nueva orientación del negocio petrolero venezolano. El presupuesto de inversiones se rebaja en un 12% adicional al acordado en el mes de enero, alcanzando un monto total de Bs. 3 billones 404 millardos. De igual forma, se rebajó el presupuesto de gasto en 22%, ubicándose en Bs. 2 billones 577 millardos.

El 31 de marzo de 1999, el precio del petróleo crudo venezolano en el mercado internacional se recupera 70% en el término de mes y medio, ubicándose en US$ 13,41 por barril. El 23 de junio de 1999, un grupo de petroleros independientes de los Estados Unidos acusa a Venezuela ante la Secretaría de Comercio de Dumping y venta de petróleo subsidiado, por lo cual solicita se le aplique una tasa arancelaria por el orden del 177,52%.

El 29 de junio de 1999, los presidentes de Venezuela y Brasil firman en Río de Janeiro una declaración que incluye la creación de Petroamérica, empresa mixta de Pdvsa y Petrobras, para actuar en el área de su competencia en todo el mundo.

En julio de 1999, Venezuela invita a la celebración de la II Cumbre de Soberanos y Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros de la OPEP, prevista para febrero de 2000 en Caracas.

El 1 de agosto de 1999, el presupuesto de Pdvsa sufre un recorte adicional del 10%, es decir, de Bs. 400 millardos en inversiones, lo cual vendría a representar una disminución del 32% con relación al monto fijado en la asamblea de diciembre de 1998.

El 5 de agosto de 1999, Venezuela y México renuevan sin cambios el Acuerdo de San José, Programa de Cooperación Energética para Países de Centro América y el Caribe. El 16 de agosto de 1999, Pdvsa presenta una declaración sustitutiva del impuesto sobre la renta, sobre la base del precio convenido con el Ejecutivo de US$ 11,88 por barril, que genera ingresos adicionales al país por el orden de US$ 2 millardos.

El 28 de agosto de 1999, los ministros de Petróleo de Venezuela, Arabia Saudí y México acuerdan en Caracas extender los recortes de la producción hasta marzo del año 2000.

     El 3 de septiembre de 1999, la Oficina del Comisario de Pdvsa anuncia que ha detectado diversas irregularidades en una docena de contratos de las rondas de reactivación de campos marginales, las cuales forman parte del proceso de apertura petrolera llevado a cabo en el país.

El 10 de octubre de 1999, la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente propone un articulado donde se prohíbe la venta de las acciones de Pdvsa, que son de la Nación, lo que suscita violento debate público. 13 de octubre de 1999, Pdvsa, Shell, Exxon y Mitsubishi cancelan definitivamente el proyecto “Cristóbal Colón”, para la exportación de gas natural licuado de los campos de la Cuenca de Margarita.

El 7 de noviembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la reserva al Estado de todas las actividades relativas a hidrocarburos, excepto el gas natural, y una disposición constitucional que prohibiría la venta de acciones de Pdvsa.

     El 20 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente proclama la nueva Constitución, la cual, en su artículo 12, establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público inalienables e imprescriptibles. Asimismo, en el Artículo 302 se declara reservada la actividad petrolera en manos del Estado y, en el Artículo 303 se establece que la Nación conservará la totalidad de las acciones de Pdvsa.

El 30 de diciembre de 1999, el precio promedio del petróleo crudo venezolano en el mercado internacional, que se venía recuperando incesantemente desde febrero, se ubicó en US$ 21,55 / barril.

 

La ley que revolucionó la Industria Petrolera venezolana

 

En el marco de las leyes habilitantes del año 2001[41], el Ejecutivo nacional aprueba el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos por medio de la Gaceta Oficial Nº 37.323 del 13 de noviembre de 2001, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 2002. Por primera vez en el país desde 1878, año en que se comenzó a explotar el petróleo en Venezuela con fines comerciales, una ley establece el aprovechamiento integral de las reservas de hidrocarburos, sea petróleo o gas, como base fundamental para el desarrollo nacional, donde el concepto de Seguridad Nacional es el elemento fundamental y cuyas competencias y responsabilidad recaen sobre el Estado venezolano.

En esta ley se regulan los recursos de hidrocarburos con miras a optimizar la industria petrolera venezolana. En su Artículo1º establece lo siguiente:

 

Todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades requiera, se rige por el presente Decreto Ley.

 

La industria petrolera sigue estando administrada por la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. en todos los procesos: exploración, producción, manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos en el país, pero ahora se le presenta al país y al mundo como una nueva empresa, totalmente subordinada al Estado y por consiguiente está en pleno control de la sociedad venezolana tanto las reservas petroleras como todo los procesos que se desarrollan en ella.

Uno de los hechos más importantes contenidos en este Decreto Ley, es que la participación fiscal nacional en todas las actividades que se desarrollan en la industria petrolera se aumentaron considerablemente tanto por concepto de regalías, impuestos y dividendos. En el caso de la regalía, que es la parte que le corresponde al Estado por ser propietario del recurso, quedó establecida en 30%, reemplazando el histórico 16,6% que estaba establecido desde los tiempos del presidente Isaias Medina Angarita. El carácter impositivo de la Ley, viene dado por la potestad del Estado para fijar los impuestos relativos a la realización de la actividad petrolera, fundamentalmente el impuesto sobre la renta, la cual pasó del 34% al 50%. Y finalmente, en su condición de empresario petrolero, le corresponde al Estado las utilidades sobre el negocio, las cuales toman la forma de dividendos.

 

Plan Siembra Petrolera

 

En agosto del 2005, Petróleos de Venezuela le ofrece al país el desarrollo del “Plan de la Nueva Pdvsa: el Plan Siembra Petrolera 2005 – 2030”, como una expresión del desarrollo de una política soberana, popular y revolucionaria dentro de la industria petrolera y bajo la concepción de que Venezuela es un país clave para resolver la crisis energética mundial si se consideran las cuantiosas reservas de crudo probadas y probables (Ramírez, 2005)[42].

Este plan fue propuesto como el eje vertical del Plan de Desarrollo de la Nación con miras a contribuir a la desconcentración territorial, a fortalecer el sector industrial y los demás sectores productivos y sociales, con una visión a largo plazo, que busca la participación directa de Pdvsa en la construcción de un nuevo orden económico nacional y donde esta sea un instrumento al servicio de todo el país.

Cuando en el año 2005 se presentó este plan, se dividió en dos fases: una primera que iba desde el año 2006 al 2012, y otro que iba desde el 2012 hasta el 2030. En ambas fases se establecieron metas a alcanzar. Sin embargo, en el año 2011, la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. decidió cambiar las fases y sus metas, extendiendo la primera hasta el año 2018, como consecuencia de la difícil situación económica que se les presentó a los países industrializados desde el año 2007 y que se expandió a escala mundial, con secuelas que se continuaron sintiendo en el año 2011.

Los lineamientos generales del primer Plan Siembra Petrolera (2006-2012) eran los siguientes:

En el ámbito internacional, se promueve la Integración energética regional, a través del suministro de productos y la construcción y remodelación de refinerías, las cuales están enmarcadas dentro de la propuesta de Petroamérica, Petrocaribe, Petroandina y Petrosur; se trabaja por el fortalecimiento de los mercados tradicionales; por diversificar los mercados; y apuntalar la OPEP.

En el ámbito nacional, se plentea alinear las estrategias de inversiones en hidrocarburos al Plan de Desarrollo Nacional; democratizar el capital para alcanzar equidad social; apoyar las políticas públicas; y expandir la actividad petrolera aguas abajos.

El Plan Siembra Petrolera fue planificado para la puesta en marcha de seis grandes proyectos de desarrollo diseñados en dos etapas: una a ejecutarse entre el período 2005-2012 y otra en la etapa comprendida entre 2012 y 2030 (Pdvsa, 2005).

Los seis ejes fundamentales de este plan son los siguientes:

1.- Magna Reserva: Tiene como finalidad la cuantificación y certificación de las reservas probables de petróleo crudo que posee Venezuela en la Faja petrolífera del Orinoco, estimadas en ese momento en 235 mil millones de barriles.

2.- Proyecto Orinoco: Busca el desarrollo de la Faja petrolífera del Orinoco, para la cual se dividió esa vasta zona en 27 bloques para ser explotadas con esfuerzo propio y asociaciones con otras empresas privadas. Este proceso va acompañado del desarrollo social de zonas aledañas a la Faja.

3.- Proyecto Delta-Caribe: Este proyecto busca desarrollar el gas costa afuera en las áreas de la Plataforma Deltaza, en la fachada atlántica venezolana, en las aguas ubicadas al norte del estado Sucre, al oriente de Venezuela; así como las inmediaciones de la Península de Paraguaná, al noroccidente del país.

4.- Refinación: Se planteaba aumentar la capacidad de refinación en Venezuela en aproximadamente 700.000 barriles diarios en el mediano plazo, para la cual se tiene contemplado la creación de los siguientes centros refinadores: Cabruta (con capacidad de 400.000 barriles diarios de crudos extrapesados), batalla de Santa Inés (50.000 barriles diarios) y Caripito (50.000 barriles diarios destinados a la producción de asfalto).

5.- Infraestructura: Se había estimado construir más llenaderos y poliductos para garantizar a todo el territorio nacional el suministro de combustibles. De igual forma se tiene previsto desarrollar la construcción de gasoductos con fines de exportación.

6.- Integración: Para darle cumplimiento a la proyección internacional de Venezuela como una potencia energética, se preveia desarrollar una serie de inversiones en varios países latinoamericanos, para así consolidar el proceso de integración regional en materia energética que ha venido, impulsando el gobierno de Hugo Chávez Frías desde el año 2000, para la cual se tiene planificado suplir de forma directa volúmenes de crudo y productos a países del Caribe, por medio de lo acordado en Petrocaribe, y con la ampliación de la capacidad de refinación en esa zona. De igual forma, con lo suscrito en Petrosur y con la concreción de la firma de varios acuerdos con los gobiernos del Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Nicaragua y Cuba, para el desarrollo de asociaciones estratégicas en materia petrolera.

Con el Plan Siembra Petrolera el Gobierno nacional estimaba crear las condiciones favorables para estimular la entrada de nuevos capitales nacionales y extranjeros, de tal forma que permita modernizar la industria, desarrollar campos activos y marginales, y fundamentalmente, diversificar la oferta exportadora de hidrocarburos, en atención a los requerimientos del mercado petrolero mundial.

De igual forma, se establecieron metas de producción e inversión para Pdvsa para el año 2012, entre las cuales se estimaba alcanzar una producción de 5 millones 837 mil barriles diarios de petróleo, una producción de 9.780 millones de metros cúbicos de gas natural y una capacidad de refinación de más de 4 millones de barriles diario. Para lograr estas metas se estimaron inversiones por el orden de los 56.000 millones de dólares, a ser ejecutados entre los años 2005 y 2012, de las cuales el 70% será aportado por la operadora estatal venezolana y el resto por el sector privado nacional o internacional.

Sin embargo, como se dijo anteriormente, debido a la crisis económica que se expandió desde el año 2007 a escala mundial, en Asamblea de Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. del año 2011, se decidió extender la primera fase del Plan Siembra Petrolera hasta el año 2018, sin perder su esencia en cuanto a instrumento para el desarrollo endógeno del país. Las principales metas se modificaron en función de lo siguiente: incrementar la capacidad de producción de petróleo hasta 5.819 MBD, de los cuales 2.616 MBD corresponderán a gestión directa; 704 MBD a empresas mixtas liviano-mediano; 664 MBD a empresas mixtas de la FPO y 1.835 MBD a nuevas empresas mixtas en la FPO. B) Elevar la capacidad instalada de refinación hasta 4,1 MMBD. C) Exportar un volumen de petróleo y productos de 4,8 MMBD. D) Aumentar la producción de gas natural a 11.839 MMPCD. E) Incrementar la producción de LGN a 296 MBD (PDVSA: 2011).

En esa Asamblea también se aprobaron nuevos lineamientos estratégicos para la casa matriz, clasficados en tres marcos de acciones concretos. El primero, la Soberanía e Independencia Económica, referida al sostenimiento de la vinculación de lo establecido en el Plan Siembra Petrolera y todas las actividades del sector con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

El segundo, el posicionamiento Geopolítico de la República en el ámbito internacional, vinculado con el fortalecimiento de la OPEP, la defensa activa de la política de valorización y correcta administración de los recursos; el desarrollo y fortalecimiento de los organismos de coordinación energética regional como el ALBA, Petrocaribe, Petrosur y demás iniciativas de cooperación impulsadas por el Estado; la reorientación de los negocios en el exterior y reafirmar la estrategia de diversificación de mercados. Y, el tercero, La estrategia empresarial para el sector de hidrocarburos, relacionada con alcanzar la valorización de los hidrocarburos en beneficio de la Nación. (Pdvsa, 2011: 41-43)[43].

En cuanto a los objetivos estratégicos del Plan Siembra Petrolera 2012 – 2018, éstos se focalizaron en los siguientes aspectos: 1) Las metas volumétricas reflejarán los esfuerzos asociados al desarrollo acelerado de la Faja Petrolífera del Orinoco, dada la declinación de la producción de las Áreas Tradicionales del Occidente, Centro – Sur y Oriente del país. Sin embargo, en estas áreas tradicionales se orientarán los esfuerzos al mantenimiento de la producción buscando alcanzar el mayor porcentaje de éxito volumétrico. 2) Desarrollo del gas Costa Afuera para satisfacer el mercado interno. 3) Impulso al desarrollo socialista integral del país y el equilibrio territorial. Y, 3) Absoluta soberanía sobre el recurso petrolero y gasífero.

Hasta el año 2011, los resultados alcanzados del Proyecto de Cuantificación y Certificación de las Reservas petroleras de la Faja del Orinoco, enmarcado dentro del plan Siembra Petrolera, había estimulado la inversión extranjera por medio de acuerdos firmados por PDVSA con empresas transnacionales tradicionales y con empresas petroleras estatales de otras naciones, entre ellas China, Rusia, India, España, Irán, Brasil, entre otras.

Para finales de ese mismo año Venezuela había alacanzado ser la “Primera Potencia petrolera mundial” al poseer reservas cercanas a los 297.571 millones de barriles de petróleo, y porque contaba con la infraestructura necesaria para llevar a cabo las distintas actividades realizadas en ese sector: exploración, perforación, producción, comercialización, refinación, transporte, distribución y almacenamiento, entre otros. Asimismo, era considerada un país productor confiable con una producción total de 2.991 millones de barriles diarios, con unas exportaciones por el orden de los 2,469 millones de barriles diarios. Finalmente, tenía un Sistema de Refinación Nacional, incluyendo la Refinería Isla (Curazao), que garantizaba una refinación de 1.155 barriles diarios. (Pdvsa: 2011)[44].

 

¡VENEZUELA, AHORA SI ES LA PRIMERA POTENCIA PETROLERA MUNDIAL¡[45]

 

Desde que el Presidente Hugo Chávez anunció el inicio del proceso de certificación internacional de las reservas petroleras de Venezuela en agosto de 2006, PDVSA no descansó para alcanzar esto en un tiempo menor al estimado. Dentro de la política de Plena Soberanía Petrolera se adoptaron las medidas orientadas a asegurar la revalorización de los recursos de los hidrocarburos con que cuenta Venezuela. En este caso, como se ha visto, la base para incrementar las reservas ha sido la certificación de la Faja Petrolífera del Orinoco.

 

 

 LA LUCHA HISTÓRICA POR SER LOS PRIMEROS

 

Es bueno recordar, que mucho antes de la muerte de Gómez, en el año 1935, las compañías petroleras radicadas en el país tenían el conocimiento de las potencialidades petroleras existentes en la Faja Petrolífera del Orinoco, de hecho en 1936 perforaron por primeras el pozo La Canoa 1, a unos cincuenta kilómetros al norte del río Orinoco en las sabanas del estado Monagas.

A pesar de eso,  fueron largas las luchas del pueblo venezolano contra estas compañías petroleras internacionales y la oligarquía venezolana, quienes se confabularon para mentirle al país haciéndoles creer, por más de 60 años que los yacimientos ubicados en la Faja lo constituían exquisitas reservas de bitumen que podían competir con el carbón bituminoso en el mercado carbonífero mundial con el único propósito que era alimentar las plantas termoeléctricas.

El objetivo de este engaño, consistía en garantizarles a EE.UU. cumplir con su política de seguridad energética y de recibir nuestro petróleo a precios de carbón, estafa que dolorosamente se prestaron por mucho tiempo algunos venezolanos. De hecho, estos fueron capaces de desarrollar una tecnología patentada en Venezuela, financiada con nuestros propios recursos y avalada por el Senado y el Congreso en la IV República, llamada orimulsión (emulsión del Orinoco), es decir, estos venezolanos fueron capaces de hacer todo lo posible para que el país perdiera dinero y el imperio del norte recibiera nuestro petróleo a precios de carbón.

 

EE.UU. RECONOCE LAS POTENCIALIDADES ENERGÉTICAS DE VENEZUELA

 

El propio gobierno de los Estados Unidos reconoce las potencialidades abiertas de Venezuela en materia de hidrocarburos. De hecho, en sus propias estadísticas, fueron los primeros en ubicarnos como la primera potencia petrolera del mundo. En ese sentido, en un estudio publicado en 2009, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés)[46], reconocía que la Faja Petrolífera del Orinoco contaba con al menos 513 mil millones de barriles de petróleo extraíbles con la tecnología actual, ubicando esa cantidad en un rango de 380 hasta 652 mil millones de barriles. Era casi el doble que lo que estimaban anteriormente, representando la mayor acumulación de petróleo evaluada por esa agencia estadounidense hasta esa fecha. “La Faja Petrolífera del Orinoco contiene una de las mayores acumulaciones de petróleo recuperable en el mundo.” (Ibídem)

Si se les suma a ese monto los cerca de 100 mil millones de barriles que Venezuela posee como reservas convencionales, las reservas de gas natural que equivalen a cerca de 30 mil millones de barriles y las reservas de carbón, que equivalen a poco más de 5 mil millones de barriles, estaríamos hablando que este país es una Potencia Energética en el mundo.

 

 

 

ESTRATEGIA POR LA SOBERANÍA PETROLERA

 

En el año 2007, Venezuela nacionalizó y adquirió la mayoría de las acciones y el control sobre los campos petrolíferos de la Faja, donde están las mayores reservas de crudo del mundo. PDVSA ha establecido el marco técnico y legal para convalidar que estas reservas están constituidas de crudo pesado y extrapesado, la cual hoy representa un “lomito energético” para cualquiera de los países del planeta.

Mediante la Gaceta Oficial N° 383.475 de fecha 14/02/2011 queda oficialmente declarada Venezuela como la primera potencia petrolera del planeta tierra, al incorporárseles aproximadamente 86.411 millones de barriles netos de nuevas reservas probadas a las 211.173 millones que se tenían para el 31/12/2009. Al cierre del año 2010 se cuenta con un total de 296.501 millones de barriles netos. Con esta nueva incorporación de reservas, Venezuela pasa a tener el 20,8% de todas las reservas de petróleo del Mundo. (Gráfico 9)

A partir de este hecho nace una nueva historia petrolera en Venezuela y de su relación con el desarrollo político y económico de esta sociedad. El gobierno revolucionario, liderado por el Presidente Hugo Chávez, ha planteado que en los próximos años se proponen a “convertir a la Faja Petrolífera del Orinoco en un eje impulsor del desarrollo económico, social, industrial, tecnológico y sustentable del país, mediante la valorización y desarrollo óptimo de sus recursos de hidrocarburos” (Web de PDVSA).

 

 

Gráfico 9. Países con mayores reservas petroleras del mundo (2010)

 

UNA NUEVA VISIÓN DE DESARROLLO

 

Como venezolanos siempre hay que hacerse la pregunta de qué hubiese pasado si estas reservas petroleras las hubiésemos certificados en la década de los cuarenta del siglo pasado, como dice el refrán popular “otro gallo cantaría”, y es probable que las condiciones de desarrollo fueran otras.

Estamos seguros que con esta nueva ventaja competitiva y comparativa la visión de los venezolanos cambiará, si se toma en cuenta que el petróleo ahora si les pertenece a todos aquellos que nacieron y están por nacer en este paraíso natural que es Venezuela y en una sociedad global tan dependiente y vulnerable de lo que consideramos el “sexto factor de producción”: la energía, y que las proyecciones indican que la principal fuente energética seguirá siendo el petróleo en los próximos cincuenta años.

En la actualidad, el petróleo representa el 34,22% del consumo mundial de energía primaria seguido por el carbón (28,90%), gas natural (23,39%), hidroeléctrica (6,53%), nuclear (5,38%) y las energías alternativas, entre las cuales se incluyen la solar, geotérmica, biomasa, eólica, madera, baterías eléctricas, con el 1,57%. (BP: 2010)[47]

 

EL ROL DE VENEZUELA EN EL FUTURO Y EL CENIT DEL PETRÓLEO

 

Las próximas generaciones de venezolanos disfrutaran de una visión nacionalista y de defensa de nuestros intereses nacionales junto a una posición envidiable por los países más industrializados y sedientos de energías: ser la Primera Potencia Petrolera Mundial. No puede haber retorno, hay que recuperar el tiempo perdido y hay que seguir invirtiendo en el incremento de la capacidad producción para aprovechar las bondades que da tener petróleo en el subsuelo en un contexto global como el actual.

En el futuro, Venezuela pasará a jugar un papel estratégico al igual que todas las naciones productoras de petróleo. Los futuristas señalan que el petróleo determinará el poder en el futuro y se convertirá en un factor decisivo para determinar el nuevo panorama de las relaciones internacionales. En un informe filtrado del Departamento de Análisis Futuro del Centro de Transformación Bundeswehr de Alemania, señala que “las naciones petroleras se aprovecharán de las ventajas resultantes de esta para ampliar el alcance de sus políticas nacionales y exteriores y se establecerán como nuevos o renacientes poderes, o en algunos casos, incluso potencias mundiales.”[48]

La preocupación de países altamente dependientes del petróleo como Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, España, Taiwán, Holanda, Singapur, Bélgica y Luxemburgo, entre otros,  de las consecuencias derivadas de la escasez de petróleo es debido a su importancia en el transporte de mercancías. Los futuristas ven que el comercio internacional podrá ser objeto de aumentos en los impuestos, que como consecuencia podría generar la escasez en el suministro de bienes de primera necesidad para la humanidad actual, como por ejemplo, en los suministros de alimentos. De hecho, actualmente, el petróleo se usa directa o indirectamente en la producción del 95 por ciento de todos los bienes industriales. Sin embargo, es de conocimiento por los estrategas y planificadores, que cualquier escasez de petróleo afectará directamente los precios finales en todas las etapas de la cadena de suministro de los sectores industriales y que como consecuencia podría colapsar el sistema económico mundial.

De acuerdo con estos escenarios, en el futuro próximo las luchas de la humanidad se centrarán por el dominio de los países que poseen los principales reservorios de hidrocarburos. En este caso, Venezuela será un objetivo estratégico de los grandes sedientos energéticos como EE.UU. su principal socio comercial, quien intentará, como lo ha venido haciendo en los últimos años, asegurarse del control político y económico de Venezuela, como reserva exclusiva y estratégica de occidente, antes que otras a potencias desarrolladas y emergentes lo hagan.

Ante ese panorama gris que presagian los futuristas, el riesgo del cenit del petróleo ahora se ha extendido a unos años más tardes. El mismo Ministro del Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez ha manifestado en diversas oportunidades que lo importante es que, a diferencia de muchos países que han agotado su base de recursos, este país sigue ampliando sus reservas (Ramírez, 2011: Enero, 19)[49].

La certificación de la Faja Petrolífera del Orinoco representa un mensaje a la sociedad global de que Venezuela está garantizando el suministro petrolero en el futuro. Si el mundo quiere petróleo, Venezuela será la garantía de ese suministro.